Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, junto con Unió de Pagesos, ha hecho balance del sector porcino en la primera mitad del año y ha cifrado en más de 19 euros por cerdo vivo las pérdidas medias registradas, tomando como referencia la lonja de Mercolleida.
En Cataluña, comunidad donde la ganadería porcina representa más del 50% de la actividad productora, la organización ha detectado una caída del 156% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que ha obligado a numerosas explotaciones a vender por debajo de coste.
Entre las causas de este desplome, Unión de Uniones sitúa el impacto de la peste porcina africana (PPA), cuya expansión no se ha logrado frenar pese a las medidas de contención adoptadas tanto por la Administración como por los propios ganaderos desde la declaración del primer foco.
La organización, que analiza semana a semana los efectos económicos del brote, ha elaborado una simulación de la evolución de los precios en un hipotético escenario libre de PPA. El ejercicio confirma que, pese a la tendencia bajista que arrastraba el sector por motivos estructurales, el precio de venta se ha mantenido muy por debajo de lo esperado y de los costes de producción desde que se detectó el primer foco. La entidad cifra en unos 1.000 M€ las pérdidas para la ganadería porcina en el conjunto del Estado durante los siete meses transcurridos entre el inicio del brote y el pasado mes de junio.
Cuando la norma no conoce la granja
La organización agraria también ha mostrado su inquietud por la aplicación de los nuevos decretos de bienestar animal, en particular por su impacto sobre la viabilidad de las explotaciones más pequeñas. A su juicio, la normativa estatal resulta en varios aspectos más restrictiva que la europea, se encuentra pendiente de resolución judicial y deja sin resolver cuestiones técnicas —como las relativas a bebederos o cebaderos— que, según denuncia, no se ajustan a la realidad de las granjas.
A ello se suma la espera de información pública sobre el Decreto 153/2019 de fertilización, que introducirá cambios en la gestión de deyecciones: la definición de áreas de ocio, la ampliación de 500 a 1.000 metros de la distancia máxima entre explotaciones que forman una misma unidad epidemiológica para las instalaciones de tratamiento de deyecciones en origen, o la supresión de la obligación de llevar el libro de gestión de fertilizantes en la maduración de deyecciones en destino, entre otros aspectos.
Unión de Uniones insiste en que la normativa dirigida al sector debe ajustarse a la realidad de las explotaciones y fijar objetivos alcanzables para las ganaderías sin que ello suponga una pérdida de rentabilidad.
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