ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de España denuncian mediante un comunicado conjunto que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) abrió la consulta pública del informe sexenal 2019-2024 sobre el lobo —previsto en el artículo 17 de la Directiva Hábitats— sin notificarlo por cauces institucionales al sector ganadero. La queja formal fue registrada ante la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación el 5 de junio, y cinco días después el Ministerio no ha acusado recibo ni dado respuesta alguna. En paralelo, Unión de Uniones ha denunciado que el MITECO ha rechazado la reunión bilateral que la organización había solicitado para abordar la situación del lobo.
Las organizaciones advierten que el trámite del informe sexenal tiene consecuencias directas e inmediatas sobre la gestión de las explotaciones ganaderas, tanto en términos jurídicos como de manejo. Recuerdan además que España lleva más de un año fuera del plazo obligatorio para remitir el informe a la Comisión Europea. Pese a esa urgencia, el MITECO sigue sin responder. La falta de acuse de recibo confirma, a juicio de las entidades, el patrón de exclusión institucional que motivó la queja.
Unión de Uniones ha recibido una respuesta expresa del Ministerio para justificar el rechazo a la reunión: desde el MITECO alegan que no existe información novedosa sobre la situación del lobo ni nuevas medidas en la materia, y sugieren posponer el encuentro al último trimestre del año. La organización considera esta decisión «bastante cuestionable» y señala que hay cuestiones relacionadas con el lobo que están lejos de funcionar con normalidad, entre ellas las discrepancias entre el propio MITECO y las comunidades autónomas.
Ataques al alza y compensaciones insuficientes
Unión de Uniones pone sobre la mesa cifras que, a su juicio, hacen aún menos comprensible la negativa ministerial. Asturias registró casi 4.000 cabezas de ganado atacadas en el último año, y Castilla y León superó las 3.900 en 2024. Cantabria se acerca a las 3.000, y Galicia contabilizó unos 1.900 ataques en 2025. En comunidades como Madrid, los números son menores en términos absolutos, pero similares en proporción a la cabaña ganadera existente. La organización advierte además que las cifras reales superan a las oficiales, dado que muchos ganaderos no denuncian por la deficiente indemnización, la burocracia o la dificultad de localizar al animal atacado en el plazo reglamentario.
Sobre las compensaciones, Unión de Uniones sostiene que son muy insuficientes, más aún en el contexto de mercado actual, y recuerda que la Comisión Europea permite financiar el 100% del coste de las medidas preventivas, un umbral del que España se encuentra muy lejos. La organización reclama asimismo que los fondos destinados inicialmente al apoyo económico por daños del lobo —que el MITECO traslada ahora a las comunidades autónomas— se sigan destinando a ese fin, gestionados a través de la Fundación Biodiversidad, tal y como el secretario de Estado de Medio Ambiente comprometió en una reunión con el sector hace un año.
Tres exigencias al Ministerio
ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas han concretado sus exigencias a la Dirección General de Biodiversidad en tres puntos. El primero, que quede constancia en acta de la protesta formal por la exclusión del sector ganadero del trámite del informe sexenal. El segundo, un compromiso escrito para garantizar canales de notificación directa con las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas en cualquier procedimiento ambiental con impacto ganadero. El tercero, la convocatoria urgente de una reunión informativa antes de que el informe sea validado en la Conferencia Sectorial, para conocer el contenido exacto que el Ministerio prevé remitir a Bruselas. Las organizaciones subrayan que no piden paralizar el procedimiento, sino ser informadas y consultadas como interlocutores legítimos del sector.
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