El Tribunal Regional Superior de Oldenburg (Alemania) ha dictaminado que dos activistas por los derechos de los animales deberán indemnizar a un matadero tras irrumpir en sus instalaciones, grabar en secreto el proceso de aturdimiento de los cerdos y difundir las imágenes en redes sociales.
Los hechos se remontan a la primavera de 2024, cuando los acusados entraron sin permiso en una planta cárnica de Lohne, en la región de Baja Sajonia, para filmar el uso de dióxido de carbono altamente concentrado previo al sacrificio. El fallo de los jueces establece que la distribución de este material, obtenido sin consentimiento, vulnera los derechos de la empresa e interfiere en el desarrollo de una actividad comercial plenamente establecida . Aunque la cuantía exacta de los daños deberá fijarse en un procedimiento independiente, la sentencia obliga a ambos a asumir responsabilidades económicas por la difusión de las grabaciones.
En su defensa, los asaltantes apelaron a una supuesta situación de emergencia en materia de bienestar animal, un argumento que el tribunal ha desestimado]. La sala subraya que el aturdimiento con CO2 es un procedimiento reconocido y permitido por la legislación de la Unión Europea y, por tanto, debe ser aceptado. Según los datos de la Asociación Alemana de la Industria Cárnica citados en el proceso, este sistema se emplea en el 80 % de los cerdos de las granjas del país y se lleva a cabo bajo la supervisión de veterinarios oficiales.
Al ponderar los derechos en conflicto, la sentencia reconoce que el debate social sobre la ganadería y los métodos de sacrificio es lícito y de interés público. Sin embargo, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal, los jueces concluyen que quien obtiene información de forma ilícita no puede publicarla si ese interés general no supera claramente los perjuicios derivados del acto ilegal para los afectados. El tribunal advierte que quienes deseen cambiar las normativas deben recurrir a los procesos políticos y no a la vulneración de los derechos de terceros.
Pese a dar la razón a la industria cárnica en lo fundamental y prohibir a los activistas el acceso a la planta, el tribunal denegó la petición de la empresa de imponer un veto preventivo sobre cualquier publicación futura, al considerar la medida demasiado amplia. Por su parte, la defensa de los condenados ha anunciado su intención de elevar el caso al Tribunal Federal de Justicia para intentar una nueva apelación, mientras que, de forma paralela, la fiscalía mantiene abiertos cargos penales por allanamiento de morada.
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