El Parlamento andaluz aprueba la Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera

El Parlamento andaluz ha aprobado la Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera, por 100 votos a favor y cinco en contra, tras la incorporación de 36 enmiendas de los distintos grupos (26 del PSOE, 7 del PP y 3 de IU) y después de cinco meses de un proceso de debate que, según la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, se ha caracterizado “por el consenso y el diálogo constructivo”. Esta nueva Ley establece un marco normativo completo en el ámbito de la calidad alimentaria, adaptado al comunitario, para reforzar el valor y la calidad diferenciada de los productos andaluces, mejorar el funcionamiento de la cadena comercial y elevar la competitividad de la industria agroalimentaria para incrementar sus beneficios y, por extensión, mejorar las rentas de los productores.

Asimismo, la Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera supone un primer paso para la elaboración de una reglamentación que fomente la puesta en marcha de agroindustrias artesanas, dotándola de las herramientas necesarias para el reconocimiento de sus productos y para la comercialización directa en mercados locales y comarcales. De esta forma, la nueva Ley se perfila como motor de desarrollo económico y riqueza de muchas zonas en las que la actividad agraria o pesquera es su principal fuente de ingresos.

Otro de los objetivos fundamentales de esta Ley es mejorar las garantías de los consumidores, asegurando la trazabilidad de los alimentos desde su origen, a través de una información veraz y transparente en el etiquetado de los productos que también contribuya a identificar aquellos con características diferenciales, en respuesta a las actuales demandas del mercado sobre nutrición y compromiso con el medio ambiente.

A grandes rasgos, esta Ley la conforman dos bloques principales de disposiciones: las referidas a la calidad comercial y sus sistemas de control y certificación, y aquellas otras que tienen como objetivo el fomento de la calidad diferenciada.

El primer bloque, de aseguramiento de la calidad comercial, se dirige a incrementar el valor en el mercado con un mayor beneficio para la industria, una mayor renta para los productores y una garantía de transparencia en la información que demandan los consumidores. Para ello, la Ley fija sistemas de control que se encomiendan tanto a los operadores -productores industriales, transformadores y comercializadores- como a la Administración.

En el caso de los operadores –con excepción de aquellos considerados primarios (agricultores, ganaderos y pescadores)- deben implantar un Sistema de Gestión de la Calidad Comercial, con objeto de garantizar la trazabilidad de los productos, la veracidad y exactitud de las informaciones incluidas en el etiquetado y la publicidad, y disponer de mecanismos de reclamaciones y retirada de productos.

Por su parte, los controles oficiales de la Administración se centran sobre todo en la prevención y lucha contra el fraude, la verificación de las características de los alimentos y el cumplimiento de la normativa tanto de la calidad comercial como de la diferenciada. El ámbito de las inspecciones abarca la producción, la transformación, la distribución y los puntos de venta.

Calidad diferenciada

En el terreno de la calidad diferenciada, la Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera adapta las distintas figuras de protección a las recientes disposiciones comunitarias sobre esta materia. Se distinguen así la Denominación de Origen Protegida (DOP), la Indicación Geográfica Protegida (IGP), la Indicación Geográfica de Bebidas Espirituosas (IGBE, antigua Denominación Específica), la Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), la Agricultura Ecológica y la Producción Integrada. A ellas se suman las marcas de titularidad pública, como la de ‘Calidad Certificada’ que gestiona la Consejería de Agricultura y Pesca.

En cuanto a los organismos de gestión, las tres primeras figuras estarán regidas por consejos reguladores que, como novedad, pasan a configurarse como corporaciones de derecho público con personalidad jurídica propia. Con ello se otorga mayor protagonismo a los productores y elaboradores en la autorregulación del sector.