¿Dejaría su explotación agrícola en manos de un ingeniero que no tiene conocimientos sobre agronomía? ¿Podría cualquiera dedicarse a la producción de alimentos y el control de la calidad de éstos o el mantenimiento de los suelos? ¿Le daría seguridad saber que la aplicación de productos fitosanitarios está en manos de ingenieros sin formación en el manejo de estas sustancias?
Estas son sólo algunas de las situaciones que podrían darse si se aprueba el Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales del Gobierno, que entre otras cosas elimina la “reserva de actividad” de las distintas profesiones. Es decir, aquello que establece quién puede realizar una u otra actividad dependiendo de la formación de cada persona. De esta forma, las 32 ramas de la ingeniería desaparecerían y todos los ingenieros, independientemente de su rama o especialidad, podrían hacer de todo.
Por ello, y ante los distintos borradores a los que hemos tenido acceso, este Colegio muestra su más profundo rechazo a este anteproyecto de ley, ya que entiende que supondría un grave riesgo para la salud de las personas y un ataque a la seguridad alimentaria.
Los ingenieros agrónomos somos, entre otros profesionales, los responsables de la alimentación de los ciudadanos, participando en toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta la distribución de los productos agroalimentarios, pasando por el control de calidad de los alimentos, la aplicación de productos fitosanitarios, la conservación de los suelos y el medio ambiente, la investigación en materia agroalimentaria, el diseño y construcción de industrias, etc. Los años de preparación del Ingeniero Agrónomo en las distintas escuelas de ingeniería, con sus clases teóricas, sus campos de prácticas, sus estudios e investigaciones, su experiencia, etc. son avales más que suficientes para demostrar su preparación en estas materias y los convierte en profesionales con la formación necesaria para el desarrollo de estas funciones. Pero esta formación agronómica no es suficiente para, por ejemplo, diseñar o construir un barco y reciprocamente, un ingeniero naval no adquiere durante sus años de formación conocimientos suficientes para diseñar un sistema de riego para un finca, establecer sistemas de calidad alimentaria, asesorar al agricultor, etc.
Esta circunstancia se veía reforzada con el visado profesional que, al margen de garantizar la identidad y titulación del autor del trabajo, aseguraba que éste estaba redactado por un técnico competente y cumplía con la normativa de aplicación, situación que ha sido eliminada en parte por un real decreto, que restringe el visado obligatorio a determinado tipo de trabajos. Si a esto unimos la pretensión del Gobierno de eliminar la colegiación obligatoria, se perdería cualquier control del profesional y sus trabajos, lo que redundaría claramente en la pérdida de seguridad de la sociedad.
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