La Comisión Europea reclama un total de 578,5 millones de euros correspondientes al capítulo agrícola de la UE e indebidamente gastados por 19 Estados miembros. Uno de ellos es España, al que reclama 4,9 millones de euros.
De la cantidad reclamada a España, 153.00 euros son debidos a incumplimiento por parte de los mataderos de la obligación de transmitir a las bases de datos las fechas de sacrificio correspondientes a los ejercicios financieros de 2006 y 2007. El resto, 4,759 millones de euros son debidos a demoras en los pagos, rebasamiento de los límites financieros, gastos no subvencionables y recuperación de la tasa lechera para 2009.
El resto de países a los que se reclaman fondos son Alemania, Bulgaria, Chequia, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, el Reino Unido y Suecia. Las principales correcciones son las siguientes:
• 210,9 millones de euros reclamados a Grecia por las deficiencias detectadas tanto en el SIP-SIG como en los controles sobre el terreno correspondientes a las ayudas por superficie -incluidas las medidas de desarrollo rural basadas en la superficie- del año de solicitud de 2006;
• 54,7 millones de euros reclamados también a Grecia en relación con el sector de las uvas pasas: reducciones del rendimiento mínimo, especialización de las parcelas, ineficacia del registro vitícola y deficiencias de la gestión y el control del régimen durante los ejercicios financieros de 2003 a 2007;
• 50,16 millones de euros reclamados a Grecia por no haber reducido los pagos de las ayudas tras el incumplimiento de los requisitos veterinarios de mantenimiento de los registros del ganado ovino, por las deficiencias detectadas en los controles sobre el terreno y administrativos y por la ausencia de criterios específicos de riesgo para los controles de las primas adicionales correspondientes a las Zonas Menos Favorecidas;
• 41,7 millones de euros reclamados a Rumanía por deficiencias en el sistema SIP-SIG, en los controles administrativos y en la aplicación de las sanciones;
• 40,69 millones de euros reclamados a Portugal por deficiencias en el sistema SIP-SIG, deficiencias en el análisis de riesgo para los controles, insuficiencia tanto en número como en calidad de los controles sobre el terreno, aplicación incorrecta de las sanciones, directrices inadecuadas y deficiencias en los controles administrativos de los gastos de las ayudas por superficie, incluidas las medidas de desarrollo rural basadas en la superficie;
• 28,94 millones de euros reclamados a los Países Bajos por la no ejecución de un control clave sobre el pago del precio mínimo a los productores en los ejercicios financieros comprendidos entre 2003 y 2008;
• 20,2 millones de euros reclamados a Bulgaria por deficiencias tanto en el SIP-SIG como en los controles sobre el terreno correspondientes a las ayudas por superficie -incluidas las medidas de desarrollo rural basadas en la superficie- del año de solicitud de 2006;
• 19,76 millones de euros reclamados a Grecia por entrega de tabaco después de los plazos reglamentarios, autorización incorrecta de los primeros transformadores y cesión de los contratos de cultivo.
Los fondos recuperados se reintegrarán en el presupuesto de la UE como consecuencia del incumplimiento de las disposiciones de la UE o de la aplicación de procedimientos inadecuados de control de los gastos agrícolas. Los Estados miembros son responsables del pago y del control de los gastos correspondientes a la política agrícola común (PAC), siendo tarea de la Comisión asegurarse de que los Estados miembros hayan hecho un uso correcto de dichos fondos.
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