CCAE considera que no es de recibo que el sector, una parte de la cadena de valor de este producto, se entere por los medios de comunicación de la alerta sanitaria. Por otra parte, la información que se está trasladando es parcial y confusa. No se entiende cómo se levanta la alerta sanitaria cuando sólo puede asegurarse la inocuidad de una cuarta parte de las marcas que comercializan este producto en España. O no había suficientes razones para decretar la alerta o se retira antes de tiempo. En definitiva, la información que se transmite invita a considerar que las cosas no se están haciendo bien.
CCAE está en contra de que paguen justos por pecadores: debe identificarse a los importadores y las marcas implicadas, evitando esparcir la sospecha sobre todo el sector. Por otra parte, el consumidor tiene derecho a conocer el origen de los productos que consume y esta información debería aparecer claramente en el etiquetado de todos los productos alimentarios.
La producción europea y española están sometidas a múltiples normas de carácter sanitario que garantizan la seguridad alimentaria de nuestras producciones. En la UE prevalece la seguridad alimentaria sobre cualquier otra consideración y el sector productor, acepta y aplica este criterio, asumiendo los costes de producción adicionales que comporta. Lo que no tiene ningún sentido es que, al mismo tiempo y en el mismo mercado, concurran productos de importación, comprados precisamente por sus bajos precios, que no están sometidos a los mismos niveles de exigencia sanitaria, que compiten con nuestras producciones, desplazándolas por precio y provocando, entre otras cosas, que la superficie cultivada de girasol en España haya pasado de 825.000 a 660.000 has (-20%), a la vez que el consumo de aceite de girasol ha crecido de 272.900 toneladas a 320.100 tn (+17%) en los últimos 5 años (la superficie de girasol se ha reducido prácticamente a la mitad en los 10 últimos años).
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