Los ganaderos de porcino, vacuno y aves tendrán hasta el próximo 1 de mayo para decidir si se unen a la amnistía propuesta por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EEUU (EPA). La idea de la Agencia es que aquellas explotaciones ganaderas que lo deseen, puedan participar en un estudio, que la EPA llevará a cabo durante dos años, con el fin de analizar las emisiones al aire de las explotaciones ganaderas.
A las explotaciones que participen se les perdonará cualquier infracción medioambiental que hubieran cometido en el pasado o durante la ejecución del estudio. A las que no participen, no solo no se les perdonarán las infracciones, sino que además, se les exigirá el cumplimiento de la normativa.
Ante esta disyuntiva, parecería lógico que lo mejor es apuntarse a la amnistía, pero la pega está en que los participantes tienen pagar una multa, cuyo importe puede variar entre los 200 a 100.000 dólares según el tamaño de la explotación. Además, pagar una participación a un fondo para el programa de control, facilitar el control de las emisiones, solicitar los permisos de emisión de gases correspondientes y cumplir con las condiciones requeridas e informar de las cantidades de amonio y sulfhídrico emitidos.
Junto a todos estos requisitos, otro de los puntos que retrae a los ganaderos es que muchos de ellos no saben si cumplen o no la normativa. Esta establece que la máxima emisión diaria tiene que ser de 45kg de nitrógeno, acido sulfhídrico, compuestos orgánicos volátiles o partículas de materia. Según algunas estimaciones, una explotación de 2.000 plazas de cebo de porcino ya podría superar este umbral, aunque lo más frecuente sería encontrar a las infractoras en las explotaciones entre 10.000 y 15.000 plazas de cebo de porcino.
El estudio permitirá a la EPA conocer las emisiones de las explotaciones y establecer unos límites medioambientales.
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