El fraude en el aceite de oliva se saldó en Andalucía con 60 sanciones y multas por 871.992 euros durante 2025, después de que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural realizara 333 inspecciones e investigaciones sobre la calidad y la trazabilidad del producto en almazaras, envasadoras, refinerías y extractoras de la comunidad.
Las sanciones respondieron principalmente a discrepancias entre la categoría comercial declarada y la determinada tras los análisis fisicoquímicos y sensoriales de las muestras. A ellas se sumaron deficiencias en los sistemas de trazabilidad, errores en la documentación que acompaña al producto e irregularidades en el etiquetado puesto a disposición del consumidor.
El reparto territorial mostró diferencias notables. Sevilla concentró el mayor importe sancionador, con 521.836 euros, y registró además la multa individual más elevada de toda la región, de 300.000 euros. Córdoba, por su parte, lideró el número de actuaciones, con 102 inspecciones realizadas en empresas del sector oleícola.
Al margen de las inspecciones en industria, la Consejería desarrolla cada año más de un centenar de controles de conformidad prospectivos, en los que se analizan más de 400 muestras de aceite envasado. Estos controles responden a la normativa comunitaria, que fija como referencia un control por cada 1.000 toneladas comercializadas, y verifican que el producto que llega al mercado cumple los requisitos de calidad, composición, categoría comercial, trazabilidad y etiquetado.
El dispositivo andaluz supera con holgura las exigencias del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria, que fija como referencia el control de entre el 15% y el 20% de los operadores. El plan especial desarrollado por Andalucía alcanza a más del 30% de la industria oleícola cada año.
Al operativo de inspección se suman líneas de investigación abiertas ante denuncias concretas o sospechas de fraude, en colaboración con la Guardia Civil, centradas en industrias sin actividad declarada o en movimientos anómalos de aceite a granel. Las pruebas sensoriales se contrastan además con laboratorios públicos y privados, nacionales e internacionales, para reforzar la solidez jurídica de los expedientes.
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