ASAJA Castilla-La Mancha ha decidido abandonar el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) después de que la Junta de Comunidades rechazara retirar del orden del día de la convocatoria prevista para este lunes la propuesta de modificación de la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible en Castilla-La Mancha. La organización había pedido formalmente que la propuesta no se sometiera de forma precipitada a la consideración del órgano y que se dispusiera de tiempo para analizar sus consecuencias junto al resto de organizaciones profesionales agrarias de la región. Al no atenderse esa petición, el presidente de ASAJA CLM, José María Fresneda, y el vicepresidente, Juan José Laso, han optado por abandonar el consejo en rechazo a la forma en que el Gobierno regional está gestionando el proceso.
Fresneda ha cuestionado el argumento esgrimido por la Junta para justificar la reforma: «El Gobierno regional vuelve a utilizar como justificación lo establecido en la Ley de Montes estatal, una norma que ya fue modificada en 2022. No existe, por tanto, ninguna modificación reciente de la normativa nacional que justifique o exija este cambio en la legislación de Castilla-La Mancha. El argumento no se sostiene y parece más orientado a lanzar un titular a la opinión pública que a responder a una verdadera exigencia legal».
La Ley Nacional de Montes fue modificada en 2022, y a raíz de ese cambio las comunidades autónomas deben desarrollar planes regionales de prevención que determinen las limitaciones y los usos permitidos en las zonas con índice de peligro de incendio (IPP) naranja o rojo. Es a través de esos planes, y no de la ley, donde las comunidades pueden fijar las medidas aplicables a las campañas agrícolas. Según ASAJA CLM, la propuesta autonómica va más allá de ese marco: introduciría por primera vez en España, con rango de ley, una prohibición expresa y automática de las labores agrícolas —incluida la cosecha— cuando el IPP sea naranja o rojo, endureciendo así la redacción estatal y eliminando la posibilidad de que los planes de prevención regionales establezcan un marco específico para las campañas de cosecha atendiendo a sus características. Supondría, señala la organización, convertir en prohibición legal lo que la normativa estatal plantea como una cuestión a desarrollar mediante los instrumentos de prevención autonómicos.
La organización advierte de que una medida de este alcance podría tener consecuencias graves para las explotaciones, en particular las dedicadas a cereales y otros cultivos herbáceos, que necesitan cosechar dentro de ventanas temporales muy concretas. «El agricultor sigue estando en el punto de mira de la Consejería de Desarrollo Sostenible», ha lamentado Fresneda, quien ha vinculado la salida del CAMA a la falta de participación previa del sector: «No podemos participar en un órgano en el que se pretende avanzar en una modificación de estas características sin haber escuchado previamente al sector y sin haber estudiado suficientemente sus consecuencias».
ASAJA CLM ha reiterado que comparte la necesidad de adoptar medidas eficaces para prevenir los incendios forestales, pero defiende que cualquier regulación debe ser proporcionada, técnicamente justificada y compatible con el normal desarrollo de la actividad agraria. Para la organización, lo ocurrido con la convocatoria evidencia una falta de diálogo por parte del Gobierno regional que considera inaceptable cuando están en juego decisiones con impacto directo sobre la viabilidad de miles de explotaciones, y reclama a la Junta que abra un proceso de diálogo real con el sector antes de seguir tramitando la norma.
La organización enmarca esta cuestión entre las dificultades que atraviesa el sector agrario y ganadero de Castilla-La Mancha, y la señala como uno de los motivos que la llevarán a salir a la calle el próximo 6 de octubre en Toledo.
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