A partir de hoy, 3 de septiembre, Brasil no puede exportar carne de vacuno, aves de corral ni otros productos de origen animal a la Unión Europea. El veto, recogido en el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1189, entra en vigor con el respaldo del sector ganadero-cárnico europeo, que ha exigido a Bruselas su aplicación estricta y sin prórrogas.
La medida no es una sorpresa. Meses atrás, la Unión Europea publicó una lista actualizada de terceros países autorizados a exportar carne y productos de origen animal al bloque, con una ausencia llamativa: Brasil. La decisión, aprobada por el Comité Permanente para Plantas, Animales, Alimentos y Piensos de la Comisión Europea, fijó entonces la entrada en vigor para el 3 de septiembre. El motivo alegado por Bruselas fue que Brasil no había presentado garantías suficientes sobre el control del uso de antimicrobianos en la ganadería, una práctica que la normativa comunitaria prohíbe cuando se emplea para acelerar el crecimiento animal o cuando implica antibióticos reservados al uso humano, en el marco de la política europea One Health contra la resistencia bacteriana. El comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, defendió entonces la medida con contundencia: «Nuestros agricultores respetan algunas de las normas sanitarias y antimicrobianas más estrictas del mundo. Es legítimo, por tanto, que los productos importados estén sometidos a los mismos requisitos».
Semanas más tarde, la decisión se materializó con la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) del Reglamento 2026/1189, que suprimió la marca de autorización sanitaria para bovino, equino, aves de corral, acuicultura, miel y tripas procedentes de Brasil. La Comisión Europea justificó la medida señalando que no había recibido información que demostrara que el país hubiera aplicado las medidas necesarias para adaptarse a los requisitos sanitarios europeos antes de la fecha límite.
El impacto económico es considerable: en 2025, las exportaciones brasileñas de carne a los Veintisiete alcanzaron los 1.800 M$, con más de 370.000 t de carne bovina, según datos del propio gobierno de Brasil. La exclusión llegó pocos días después de la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, y en un contexto de fuerte presión del sector agrícola europeo. Los otros tres socios del bloque sudamericano —Argentina, Paraguay y Uruguay— permanecen en la lista de países autorizados.
Brasil pide una salida rápida
El Gobierno brasileño reaccionó con celeridad tras conocerse la decisión. En un comunicado conjunto de varios ministerios, aseguró haber recibido la exclusión «con sorpresa» y que tomaría «prontamente todas las medidas necesarias para revertir la decisión». Por su parte, la Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA) sostuvo que el país cumplía íntegramente los requisitos europeos, incluidos los relativos a antimicrobianos, y defendió la solidez de sus protocolos de trazabilidad y seguimiento veterinario. La propia Comisión Europea dejó entonces la puerta abierta a una resolución rápida: en cuanto Brasil demuestre el cumplimiento de los requisitos sobre uso de antimicrobianos a lo largo de todo el ciclo de vida animal, podrá autorizar o retomar las exportaciones.
El sector pide que no haya marcha atrás
Organizaciones representativas de la cadena ganadero-cárnica española —entre ellas ASAJA, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias de España, Asoprovac, Anice y Avianza, junto a otras entidades del sector cárnico y de la alimentación animal— han hecho público hoy un comunicado conjunto en el que valoran positivamente la suspensión y la consideran un punto de inflexión para la política europea de control de importaciones. Reclaman su aplicación estricta, sin dilación ni concesión de prórroga alguna, y advierten de que limitar el veto exclusivamente al uso de antimicrobianos resulta insuficiente ante las deficiencias constatadas por las propias inspecciones oficiales de la UE. Piden que el 3 de septiembre marque el inicio de un cambio de rumbo en la política comunitaria de control de importaciones, no una actuación puntual o temporal, y subrayan que no debe haber reapertura del mercado sin que Brasil acredite de forma plena, verificable y auditable el cumplimiento de los requisitos europeos.
Las entidades condicionan cualquier levantamiento futuro de la suspensión a dos garantías estructurales: un refuerzo presupuestario y operativo inmediato de los Puestos de Control en Frontera de la UE, con más personal, medios técnicos e infraestructuras necesarias para garantizar las inspecciones oficiales, y una nueva auditoría oficial en origen que verifique de manera fehaciente la implantación y el funcionamiento de un sistema de trazabilidad integral e inalterable desde la granja hasta la exportación. Además, han solicitado a las autoridades nacionales y comunitarias una reunión de trabajo inmediata para supervisar la entrada en vigor del veto, conocer el despliegue de recursos y medios de inspección, y comprobar que los controles en los puntos de entrada a la UE cuentan con la capacidad necesaria.
El comunicado insiste en que la fecha de hoy representa la oportunidad de corregir una asimetría histórica: mientras los ganaderos e industriales europeos están sometidos a los estándares normativos más exigentes en materia de seguridad alimentaria, trazabilidad, bienestar animal y sostenibilidad ambiental, no puede exigirse ese mismo nivel de cumplimiento a los productores comunitarios mientras se permite la entrada de productos de terceros países que no acreditan las mismas garantías. Respaldar la firmeza normativa, señalan las organizaciones, no solo protege la salud de los consumidores, sino que garantiza una competencia leal en el mercado europeo. Según el comunicado, la fecha «no puede ser solo una fecha en un reglamento», sino el inicio de una etapa de controles efectivos, trazabilidad real y garantías iguales para todos los productos que accedan al mercado europeo.
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