El pasado 7 de junio concluyó el periodo establecido por la Unión Europea para la transposición de la Directiva sobre Transparencia Salarial a las normativas nacionales. Esta medida comunitaria, en vigor desde 2023, obliga a los empleadores a garantizar que sus estructuras de remuneración cumplan en la práctica con el principio de igualdad para un mismo trabajo.
A pesar de que los tratados europeos recogen el derecho a una misma retribución con independencia del género, la Comisión Europea advierte de que la brecha salarial persiste en el continente. Según los últimos datos publicados por Eurostat, los ingresos brutos por hora de las trabajadoras son, de media, un 11,1 % inferiores a los de sus compañeros varones en el conjunto de la Unión.
Las autoridades comunitarias atribuyen esta diferencia a una serie de factores estructurales, entre los que destacan la infravaloración de los roles tradicionalmente ocupados por mujeres y la persistencia de estereotipos que condicionan los procesos de contratación, la promoción interna o los propios salarios dentro de las compañías.
El valor objetivo del puesto de trabajo
La nueva legislación comunitaria proporciona un marco legal para aplicar el concepto de trabajo de igual valor. Para ello, se basará en criterios objetivos de evaluación que incluyen las habilidades requeridas, el nivel de esfuerzo, la responsabilidad asumida y las condiciones laborales. Con la adopción de estas pautas, la norma pretende ayudar a las empresas a atraer y retener talento mediante prácticas más justas que eviten la discriminación.
Para respaldar la adaptación a estas exigencias en los distintos Estados miembros, el Ejecutivo comunitario ha destinado más de 3,8 millones de euros a través del programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores. A esta cuantía se suman otros 5 millones de euros contemplados en la reciente convocatoria de propuestas de este año 2026, orientada a promover la equiparación dentro del mercado laboral europeo.
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