El sistema europeo de alertas alimentarias RASFF interceptó el pasado mes de abril ocho envíos de cítricos procedentes de Egipto por contener materias activas no autorizadas o superar los Límites Máximos de Residuos (LMR). La cifra supone un incremento del 166% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos recopilados por La Unió Llauradora.
Este repunte de las interceptaciones coincide con un aumento generalizado de las importaciones de fruta norteafricana. Hasta el mes de marzo, la entrada de naranja egipcia en el mercado comunitario creció un 5,9% hasta sumar 8.630 t adicionales, consolidando al país como segundo proveedor. En el caso de las mandarinas, los volúmenes importados se han disparado un 188%, con 38.120 t más.
El volumen de entrada de esta fruta a bajos precios está distorsionando las cotizaciones locales, advierte la organización agraria. Como ejemplo, la variedad Valencia Late ha registrado caídas de valor de hasta un 50% en las últimas semanas debido a la presión comercial exterior.
La paradoja en la aduana comunitaria
Pese a la evolución de las alertas, el Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos (SCOPAFF) de la Unión Europea ha decidido rebajar la presión inspectora. La frecuencia de los controles físicos a las naranjas de Egipto ha pasado del 20 al 10%, una medida que la Comisión Europea justifica por una supuesta mejora en el cumplimiento de los estándares desde que se endureció la vigilancia en el verano de 2022.
Ante esta situación, La Unió reclama que las inspecciones físicas y de identidad se eleven al 50% para las frutas y hortalizas originarias de países con un alto índice de rechazos. Plantean además que esta medida se mantenga durante un año y que, si en algún mes las alertas repuntan un 5%, se cierre automáticamente la frontera a la importación de dichos productos agrícolas. Asimismo, instan a actualizar el Sistema de Precios de Entrada (SPE).
El secretario general de la entidad, Carles Peris, critica la ausencia de cláusulas espejo y la falta de exigencia a los países terceros para que reduzcan el uso de materias activas. Peris cuestiona la incongruencia de las políticas comunitarias al recordar que las sustancias fitosanitarias prohibidas para los agricultores europeos por sus riesgos de toxicidad tampoco deberían llegar a los consumidores a través de los productos importados.
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