La última década ha sido bastante convulsa en el sector agrario. Los precios ruinosos de las producciones, principalmente en la fruta y el ovino, junto con el alza de los costes de producción, fueron el detonante para iniciar las movilizaciones y tractoradas en 2019. La pandemia frenó esas protestas que se estaban produciendo en toda España y, con el confinamiento, la agricultura y la ganadería se convirtieron en actividades esenciales. Sin embargo, a nivel político ese reconocimiento no se trasladó a medidas concretas y lejos de mejorar la situación, tras la brutal sequía de 2023, que mermó gravemente todas las producciones de cereales y leñosos, en 2024 volvimos a salir a la calle para exigir ayudas directas que priorizaran a las explotaciones familiares, apoyo a los jóvenes, y menos burocracia.
Desde entonces, la meteorología ha seguido comprometiendo nuestras cosechas, ya fuera por sequía, lluvias torrenciales o tormentas con granizo. El cambio climático es una realidad y el sistema estatal de seguros agrarios no se está adaptando a las necesidades de nuestras explotaciones.
Los malos precios en la campaña del cereal 2025, después de dos años sin cosechar, y la presión de los fondos de inversión por el acceso a la tierra son también factores importantes en esta crisis que padece nuestro sector. Así se refleja en la cifra de autónomos que abandonan la actividad, 385 el año pasado, 729 en los dos últimos años y 1.896 menos desde 2018. Una sangría que compromete la continuidad del modelo social implantado en nuestro territorio, el de la explotación agraria familiar.
A todas estas incertidumbres que sufrimos por la propia naturaleza de nuestra profesión, que cuando sembramos no sabemos lo que vamos a recoger, si va a llover o no, si va a helar, cuánto y cuándo nos van a pagar por nuestras producciones, … se le suman las incertidumbres por cuestiones de índole política como la reforma de la Política Agraria Común (PAC), con la amenaza de un recorte del 20% en el presupuesto, o las negociaciones para formar Gobierno en Aragón.
Desde 2023 han pasado por el Departamento de Agricultura y Ganadería tres consejeros de diferente signo político y vamos camino de tener el cuarto. Eso sin contar con las especulaciones sobre si las consejerías de Agricultura y Medio Ambiente volverán a unirse o seguirán separadas. Por eso, desde UAGA-COAG pedimos responsabilidad a la clase política y solicitamos que dejen de considerar a la consejería de Agricultura y Ganadería un departamento de relleno o como un simple cromo en las negociaciones. Las personas que nos dedicamos profesionalmente a esta actividad queremos y necesitamos estabilidad y seguridad para poder planificar nuestras siembras, para comprar maquinaria, para replantar nuevas variedades de leñosos, para realizar una modernización de riego, …
Por eso, en este momento de negociación entre el Partido Popular y Vox para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad en Aragón, les pedimos responsabilidad, altura de miras y generosidad para que valoren y tengan en cuenta que esta situación, de constantes cambios en las consejerías de Agricultura y Medio ambiente, solo conduce a más inestabilidad y ahonda en la vulnerabilidad de las agricultoras y ganaderos. Lo que necesitamos es que los dirigentes políticos busquen fórmulas para que el modelo de agricultura familiar siga siendo el que vertebra el territorio y produce alimentos de calidad y de forma sostenible. Y para conseguirlo, lo primero es un escenario político estable y de confianza.
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