UPA radiografía el balance agrario 2025 en España

El año 2025 se cierra para el campo español con un balance marcado por la acumulación de crisis sanitarias, la caída de precios en varios sectores clave y un contexto internacional complejo en materia comercial y normativa. Enfermedades como la lengua azul, la dermatosis nodular contagiosa, la influenza aviar o, en las últimas semanas, la peste porcina africana han tensionado especialmente a la ganadería, mientras que en agricultura el año ha sido positivo en rendimientos en términos generales, con excepciones como la viticultura, la remolacha o los cítricos. Este balance agrario 2025 en España, elaborado por UPA, advierte además de la brecha entre las buenas cifras macroeconómicas y la situación real de muchas explotaciones familiares.

En producciones como el olivar, los cereales o el sector apícola, los descensos de precios en origen apuntan a pérdidas significativas de renta, pese a que la renta agraria global se ve impulsada por el buen comportamiento de frutas y hortalizas. UPA insiste en que el sector agrario español es muy diverso y que el análisis debe bajar a escala sectorial y territorial, teniendo en cuenta problemas estructurales, eventos climáticos, plagas y enfermedades. El balance agrario 2025 en España subraya que el foco debe ponerse en la economía real de las explotaciones, más que en los grandes agregados.

Una propuesta de PAC y marco financiero que genera rechazo

En julio, la Comisión Europea presentó su propuesta de marco financiero 2028-2034 y las líneas maestras de la nueva PAC. Según UPA, se trata de uno de los paquetes más contestados de los últimos años: Estados miembros, Parlamento Europeo, organizaciones agrarias y parte del movimiento ambientalista han mostrado su rechazo tanto al recorte presupuestario planteado como al nuevo modelo de gobernanza.

La organización reclama un presupuesto comunitario suficiente para afrontar los retos internos y externos de la UE, y se opone a mantener la contribución en el 1,13 % del PIB de los Estados miembros, proponiendo acercarse a niveles entre el 3 % y el 5 %, como señalan algunos centros de análisis europeos. En el caso concreto de la PAC, UPA rechaza una reducción cercana al 23 % del presupuesto global y alerta de que un mayor peso de la cofinanciación nacional abriría la puerta a diferencias crecientes entre países y sectores, debilitando el mercado único y la cohesión interna.

Otro punto clave es el llamado “fondo único país”: la propuesta de agrupar todos los fondos europeos en un único plan nacional por Estado miembro, con desembolsos condicionados al cumplimiento de reformas pactadas, se interpreta como un cambio de modelo que podría tensionar las administraciones nacionales y hacer más complejo el acceso a las ayudas. UPA sostiene que este enfoque pone en cuestión el carácter común de la PAC y complica la aplicación homogénea de las reglas para agricultores y ganaderos en toda la UE.

El Acuerdo de las 43 medidas, aún con efectos

Durante 2025 se ha seguido desplegando el Acuerdo de las 43 medidas firmado entre UPA y el Ministerio de Agricultura, que la organización considera un paquete de calado para la agricultura familiar más allá del momento de su firma. En este ejercicio se han consolidado dos aspectos relevantes.

Por un lado, el cuaderno digital: la prórroga aprobada a nivel comunitario retrasa hasta el 1 de enero de 2027 la obligación de registrar digitalmente las operaciones relacionadas con fitosanitarios, mientras que el resto de operaciones se vinculan a la entrada en vigor de la nueva PAC (prevista para el 1 de enero de 2028). UPA está utilizando este margen para impulsar campañas de información y asesoramiento, con el objetivo de que la digitalización de los registros sirva también para mejorar la gestión técnica y reducir costes de producción.

Por otro lado, la modificación del Real Decreto de nutrición sostenible de suelos agrarios ha introducido simplificaciones y excepciones que buscan adaptarlo mejor a la realidad de las explotaciones familiares. Entre ellas, se contemplan exenciones graduales para la obligatoriedad del plan de abonado y del asesoramiento técnico, así como condiciones más flexibles para la aplicación de estiércoles en explotaciones con limitaciones por pendiente, tamaño de parcela o uso de pastos comunales.

Ley de Agricultura Familiar: proceso abierto y plazos ajustados

En marzo se abrió la consulta pública previa a la elaboración de la futura Ley de Agricultura Familiar, una norma largamente reclamada por organizaciones como UPA. A lo largo del año, la organización ha combinado la expectativa de avance con la preocupación por la complejidad política del momento y la posibilidad de que el proceso quede encallado.

UPA defiende una definición de agricultura familiar basada en explotaciones gestionadas y trabajadas principalmente por la unidad familiar, con residencia en el medio rural, fuerte vínculo territorial y una renta agraria que constituye la base principal o parcial de los ingresos del hogar. Se trata, según la organización, de un modelo con funciones económicas, sociales, territoriales, ambientales y culturales que resulta clave para la cohesión rural. UPA ha remitido un documento amplio de propuestas y considera prioritario que la ley vea la luz en 2026 con un respaldo amplio en el Parlamento.

Ley de la Cadena: referencia interna en un contexto europeo cambiante

En respuesta a las protestas agrarias de principios de 2024, la Comisión Europea presentó un paquete legislativo para reforzar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria. Durante 2025, los Estados miembros han negociado una posición común que flexibiliza algunos planteamientos iniciales, especialmente en lo relativo a la contractualización obligatoria.

El texto acordado en el Consejo y negociado con el Parlamento prevé la obligatoriedad del contrato por escrito, pero con excepciones importantes: operaciones de menos de 20.000€, sectores exceptuados por acuerdo de agricultores o interprofesionales, contratos con microempresas o registros y mediaciones de carácter voluntario. Se amplía además el plazo mínimo de revisión de precios de 6 meses a 1 año y se permite a los Estados miembros introducir requisitos más estrictos.

UPA considera que este acuerdo europeo supone un avance, pero subraya que no alcanza el nivel de protección de la Ley de la Cadena española, que seguirá siendo más exigente. La organización destaca el papel de la AICA en la vigilancia y sanción de prácticas prohibidas. En 2025 se han publicado 86 sanciones firmes por un importe total de 1,26M€, principalmente por incumplimientos de plazos de pago y ausencia de contrato escrito. Algunas empresas han acumulado más de una infracción y varias sanciones han superado los 50.000€, lo que, según UPA, confirma el carácter disuasorio de la norma.

Relevo generacional: una estrategia europea ambiciosa pero con retos

El envejecimiento del sector agrario sigue siendo uno de los grandes desafíos. Solo el 12 % de los agricultores europeos tiene menos de 40 años, mientras que en países como España el 41 % de los jefes de explotación supera los 65. La nueva Estrategia Europea de Relevo Generacional fija como objetivo duplicar hasta el 24 % el peso de los jóvenes agricultores de aquí a 2040, recomendando dedicar al menos un 6 % del gasto agrícola a este fin.

Entre las medidas previstas figuran el incremento de las ayudas a la primera instalación hasta 300.000€, la creación de un Observatorio Europeo del Suelo, programas de formación actualizados y un apoyo específico a mujeres jóvenes agricultoras y ganaderas. También se plantean servicios de sustitución para facilitar ausencias por enfermedad, cuidados o formación. El documento identifica como principales obstáculos el acceso a la tierra, las dificultades financieras, la falta de formación práctica y la debilidad de los servicios en el medio rural.

Incendios, emergencia climática, DANA y seguros agrarios

Los datos preliminares del sistema europeo EFFIS apuntan a que 2025 puede ser el año con más superficie forestal quemada en España en las últimas tres décadas, con alrededor de 380.000 ha afectadas, cuatro víctimas mortales, numerosos heridos y miles de personas evacuadas. UPA valora positivamente la puesta en marcha de un Pacto de Estado para la mitigación y adaptación a la emergencia climática, en el que la organización está participando con propuestas concretas.

En materia de incendios, UPA ha elaborado un decálogo de medidas centradas en la actividad agraria como herramienta de prevención: refuerzo de la ganadería extensiva y el pastoreo, limpieza de montes y parcelas abandonadas, establecimiento de cortafuegos y reservas de agua, apoyo directo a la ganadería extensiva y mejora de los coeficientes de pastoreo del SIGPAC, además de la mejora de las condiciones laborales de los dispositivos de prevención y extinción.

La DANA del 29 de octubre de 2024, con fuertes efectos en la provincia de Valencia, sigue presente en el balance de 2025 por el impacto que tuvo sobre el sector agrario. El sistema de seguros agrarios respondió con rapidez en peritaciones e indemnizaciones, y sirvió de referencia técnica para articular ayudas directas. Entre ellas figuraron pagos automáticos basados en el 30 % de los ingresos agrarios del año anterior (con un mínimo de 5.000€ y un máximo de 25.000€), líneas complementarias para daños no cubiertos por el seguro y actuaciones para recuperar el potencial productivo y reparar infraestructuras agrarias.

En 2025 la siniestralidad total del sistema de seguros agrarios se sitúa en torno a 750M€, con más de 1M ha declaradas siniestradas, principalmente por pedrisco, lluvias torrenciales, viento y otros fenómenos tormentosos. El Plan de Seguros Agrarios 2026 mantiene un enfoque continuista, con un presupuesto de 315M€ y una modulación de apoyos según perfil de agricultor, pero, según UPA, no aborda aún el reto de separar la siniestralidad ordinaria de la extraordinaria ligada a la crisis climática, que debería financiarse con fondos adicionales.

Comercio internacional: UE-Mercosur y acuerdo con Estados Unidos

UPA sitúa dos grandes acuerdos comerciales en el centro de sus preocupaciones para 2025. Por un lado, el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur, cuyo capítulo comercial podría aplicarse de forma provisional antes de la ratificación definitiva del acuerdo global. Aunque el texto incluye cláusulas de salvaguardia para productos agrícolas sensibles, la organización agraria considera que persisten dudas importantes sobre el llamado “mecanismo de reequilibrio” y sobre la capacidad real de las salvaguardias para evitar distorsiones de mercado.

UPA alerta especialmente sobre el riesgo de dumping medioambiental y social, al entender que los productores del Mercosur operan, en muchos casos, bajo normas menos exigentes en materia laboral, de plaguicidas, emisiones o gestión sostenible de la tierra, mientras que los agricultores europeos deben cumplir requisitos estrictos. La organización considera insuficientes y poco vinculantes las disposiciones en materia de sostenibilidad incluidas en el acuerdo.

Por otro lado, el acuerdo comercial alcanzado en julio de 2025 entre la UE y Estados Unidos se interpreta como un pacto asimétrico en el que la UE asume la mayor parte de los costes económicos. El texto prevé la eliminación de aranceles europeos a todos los productos industriales estadounidenses y otorga acceso preferente a determinados productos del mar y agrícolas, mientras que Estados Unidos puede elevar aranceles hasta el 15 % en algunos casos. UPA subraya que el acuerdo no incluye ventajas arancelarias significativas para exportaciones agroalimentarias europeas de alto valor añadido, como el vino o las bebidas espirituosas, y que los productos estadounidenses entrarían en la UE sin aranceles, pese a operar bajo normas de producción muy diferentes (incluidos OMG, hormonas o determinados antibióticos).

Balance 2025 por sectores agrícolas

En cereales, 2025 ha sido un año de buenos rendimientos, pero con precios en origen muy bajos que no han permitido compensar el aumento de costes de producción, lo que compromete la rentabilidad de muchas explotaciones en la nueva campaña. En el olivar, la fuerte caída de precios en origen contrasta con una producción limitada y un consumo al alza; UPA sostiene que todo el aceite se ha comercializado y que hubiera sido posible hacerlo con precios más altos, especialmente en el olivar tradicional.

La remolacha azucarera atraviesa una situación crítica tras el anuncio de desmantelamiento de buena parte del sistema productivo de Azucarera, que mantendrá solo la fábrica de Toro en la zona norte y no molturará remolacha en el sur, mientras ACOR mantiene la actividad en Olmedo. El arroz se confirma como uno de los sectores con peores perspectivas, presionado por la competencia de terceros países y por decisiones europeas sobre cláusulas de salvaguardia que, según el balance, se alinean más con el abastecimiento extracomunitario que con la defensa de la producción comunitaria.

En patata, el aumento de producción en España y en otros grandes países europeos ha provocado un descenso significativo de precios y ha vuelto a poner el foco en la necesidad de diferenciar el producto nacional por calidad en un mercado con mucha oferta y con cambios en el consumo hacia patata procesada y congelada. En frutas y hortalizas, la fruta de hueso continúa perdiendo superficie en favor de especies más mecanizables; la fruta de pepita ve caer producción y consumo, especialmente en pera, y los cítricos encadenan campañas con producciones por debajo de la media, fuerte competencia exterior y comportamientos dispares en exportaciones e importaciones según especie y origen.

El balance destaca también la estabilidad relativa del tabaco en términos de producción y superficie, aunque con problemas de mano de obra y de disponibilidad de herramientas fitosanitarias; la expansión controlada pero condicionada por el agua de los cultivos tropicales como aguacate y mango; la recuperación de forrajes y alfalfa, con fuerte tirón exportador hacia Oriente Medio y Asia; y una campaña vitivinícola muy corta, afectada por mildiu, pedrisco y olas de calor, que agrava la crisis estructural del sector.

En frutos secos, la almendra, la avellana y el pistacho presentan aumentos de producción respecto a campañas previas, con mejores cotizaciones impulsadas también por problemas climáticos en otros países productores, aunque el secano tradicional y la incidencia de plagas siguen en una situación complicada. En plantas aromáticas y medicinales, y en particular en lavanda y lavandín, el contraste entre el crecimiento de la superficie y el desplome de precios del aceite esencial —con caídas cercanas al 70 % en cuatro años y niveles que no cubren costes— sitúa al sector en una posición delicada pese a su valor ambiental y su reconocimiento en los eco-regímenes de la PAC.