La Unión Europea ha aprobado el Reglamento (UE) 2026/1739, que modifica la normativa de la OCM de productos agrarios en lo relativo a la cadena alimentaria. Unión de Uniones ha valorado positivamente algunos de los cambios introducidos, aunque advierte de que persisten reformas pendientes tanto a nivel comunitario como español.
Tras examinar los cambios introducidos por el Reglamento 2026/1739, Unión de Uniones considera que la norma incorpora elementos positivos, aunque insiste en que no resuelve las disfunciones graves que afectan a la cadena alimentaria ni mejora de forma sustancial la posición negociadora de los productores.
La organización agraria destaca que la revisión incluye medidas que coinciden en parte con sus reivindicaciones, como la ponderación de los costes de producción en la fijación de precios, el derecho a exigir contrato escrito o la revisión obligatoria de los contratos de larga duración.
Sin embargo, señala varias carencias: el reglamento deja sin protección a los productores en operaciones de hasta 10.000 €, no incorpora disposiciones antirrepresalias para agricultores y ganaderos que presenten denuncias, y continúa sin definir la posición de dominio en el mercado alimentario, un vacío que, según la entidad, habría permitido combatir con mayor eficacia los abusos de poder negociador que sufren los productores frente a operadores de mayor tamaño.
Unión de Uniones sostiene que el reglamento «no cumple ni con su título», en referencia al objetivo declarado de reforzar la posición de los agricultores en la cadena de suministro. La entidad subraya que, en varios aspectos, la norma comunitaria resulta menos protectora que la Ley 12/2013 española, ya vigente en el país.
Pese a ello, el colectivo reconoce que la nueva normativa europea abre la puerta a mejorar el marco jurídico español en cuestiones como el reconocimiento del derecho del productor a disponer de contrato escrito en cualquier caso, la introducción de cláusulas de revisión en contratos superiores a doce meses, el refuerzo de las reglas para determinar los costes productivos mediante referencias e indicadores —y no solo costes individuales— o el establecimiento de mecanismos de mediación en los contratos.
Con este planteamiento, Unión de Uniones prevé elaborar en los próximos meses un conjunto de propuestas dirigidas al Gobierno y a las fuerzas políticas, orientadas a adaptar la legislación española al nuevo reglamento comunitario e incorporar las medidas que permitan mejorar la posición de agricultores y ganaderos en la cadena alimentaria.
«Los problemas que tengan los políticos no nos valen de excusa para que no tengan tiempo de ocuparse de los problemas que tenemos los ciudadanos», concluye la organización.
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