La Comisión Europea ha publicado un informe que resume las principales conclusiones de la primera evaluación de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales (PDC) en la cadena de suministro agrícola y alimentario. Las principales conclusiones son:

• Desde 2021, las autoridades nacionales han incrementado de forma gradual las investigaciones y medidas de ejecución en toda la UE.

• Entre 2021 y 2024 se abrieron más de 4.500 investigaciones y, aproximadamente, un tercio de los expedientes cerrados en ese periodo concluyeron con la detección de infracciones, lo que se tradujo en 754 casos sancionados y 41,9 M€ en multas entre 2022 y 2024. La Comisión interpreta esta tendencia al alza como señal de una implicación institucional creciente en la lucha contra las prácticas comerciales desleales.

• Los agricultores y pequeños proveedores siguen notificando un número reducido de casos, en gran medida por el temor a posibles represalias por parte de sus compradores.

• Las organizaciones de productores y otras entidades de representación, incluidas las de terceros países, podrían desempeñar un papel más activo presentando denuncias en nombre de proveedores individuales y ofreciendo apoyo frente a situaciones de desequilibrio de poder de negociación.

• Las autoridades nacionales de ejecución utilizan todavía de forma limitada las investigaciones proactivas, que permiten detectar prácticas irregulares sin necesidad de una denuncia previa.

• Las denuncias anónimas se han revelado como una herramienta valiosa para iniciar expedientes y apoyar las actuaciones de las autoridades competentes, un elemento relevante en un contexto en el que la Directiva lleva relativamente poco tiempo en vigor.

• Los costes generados por la aplicación de la Directiva son proporcionales a los beneficios obtenidos, especialmente si se tiene en cuenta el refuerzo de la protección para productores primarios y pequeños proveedores.

• La Directiva es coherente con otras intervenciones de la UE y aun cuando cada Estado miembro haya optado por diferentes enfoques al transponerla a su legislación nacional. Estas diferencias han generado en algunos casos dificultades adicionales para empresas que operan en varios países, pero han permitido a agricultores y pequeños proveedores disponer de un suelo común de garantías.

¿Dónde es necesario seguir avanzando?

La Comisión identifica la necesidad de mejorar el conocimiento de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales entre agricultores y pequeños proveedores, así como su acceso a la información sobre derechos y vías de reclamación. Asimismo, considera igualmente que la cooperación entre autoridades nacionales en casos transfronterizos puede reforzarse para hacer más eficaz la aplicación de la normativa en un mercado único donde muchas relaciones comerciales se producen entre operadores de distintos Estados miembros.

Próximos pasos

A partir de las conclusiones obtenidas, y la CE tiene intención de revisar la legislación europea en esta materia para reforzar la protección de los agricultores y evitar que se les obligue a vender de forma sistemática por debajo de los costes de producción.