El MAPA, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), ha concedido ayudas para financiar siete propuestas de creación y prestación de servicios de asesoramiento para la transición digital en el sector agroalimentario y forestal por un importe de tres millones de euros.

Las propuestas que han resultado beneficiarias corresponden a Cooperativas Agro-alimentarias de España con 878.482€, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) con 1.031.714€, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) con 402.345€, Asociación de Servicios a Ganaderos y Agricultores Riojanos (ASEGAR) con 144.997€, Fundación Cajamar con 198.910€ y la Federación Española del Vino (FEV), que cuenta con dos proyectos distintos subvencionados con 149.716€ y 193.834€. 

Las subvenciones se inscriben en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 y están cofinanciadas en un 43 % por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y un 57 % por el ministerio. La convocatoria ahora resuelta fue publicada el pasado 17 de mayo en el Boletín Oficial del Estado.

Las ayudas van destinadas, en un elevado número, a facilitar al usuario la implementación del Cuaderno Digital de Explotación Agraria (CUE). Del mismo modo, mediante el asesoramiento en digitalización, las entidades beneficiarias crearán dos plataformas digitales que les permitan prestar asesoramientos de calidad al sector, que serán gratuitos para la cooperativa, pyme, o profesional interesado.

Además, apoyan el uso de los servicios de asesoramiento para la transformación digital de empresas y profesionales con el objetivo de que puedan mejorar sus resultados económicos, sociales y medioambientales, impulsen el respeto al medio ambiente y aumenten la capacidad de adaptación de las explotaciones agrarias.  

Este programa de ayudas se considera parte esencial de las políticas para reforzar el Sistema de Conocimiento e Innovación en Agricultura (AKIS por su denominación en inglés) y es una acción que forma parte de una de las 43 medidas comprometidas por el Gobierno para para mejorar la situación de agricultores y ganaderos.

Las entidades beneficiarias son de ámbito nacional o supraautonómico, vinculadas con el sector agroalimentario y con experiencia demostrable mínima de dos años en asesoramiento a profesionales del sector agroalimentario, así como en materia de digitalización.