El Gobierno de la Generalitat de Cataluña quiere aplicar un impuesto adicional por el uso del agua en las granjas de porcino y aves. Este nuevo impuesto se introduciría mediante el Anteproyecto de ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público. En dicha norma aparece definido como un gravamen de finalidad ecológica.
La Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña (FCAC) se opone a la introducción de este impuesto. Ramon Armengol, responsable de ganadería de la FCAC, ha destacado que «se trata de una medida exclusivamente recaudatoria, que es arbitraria e injusta, y que no conlleva ninguna contraprestación, ya que el impuesto se aplicaría por un servicio de saneamiento que resultaría inexistente. Las pocas aguas sucias generadas por las explotaciones ganaderas se gestionan junto con las deyecciones, que son tratadas o aplicadas en suelo agrícola y en ningún caso vertidas al cauce público que depende de la Agencia Catalana del Agua».
El impuesto se aplicaría a las explotaciones del Anexo1, que son las que tienen la siguiente capacidad:
- Más de 40.000 plazas de pollo
- Más de 2.000 plazas de cerdo de cebo de más de 30 kg
- Más de 2.500 plazas de cerdo cebo de más de 20 kg
- Más de 750 plazas de cerdas reproductoras
- Más de 530 plazas en ciclo cerrado.
Armengol destaca que aunque la intención inicial de la Generalitat es aplicarla para las explotaciones del tamaño antes mencionado, está el riesgo latente de extender la aplicación del impuesto a todas las explotaciones.
Según la FCAC, el nuevo impuesto supondría un impacto, como media, de unos 2.800 euros adicionales por explotación, a cuenta de un servicio que no se aplicaría. La Federación recuerda que las explotaciones ya están asumiendo un coste para la gestión de las deyecciones ganaderas, que se sitúa entre 3 y 6 euros / m3 de purín
El impuesto tendría que ser abonado por el titular de la explotación. Por tanto, en explotaciones integradas sería el granjero, que no es el dueño de los animales, sobre el que recaería el impuesto.
La intención del gobierno catalán es aplicar este impuesto de manera gradual. La plena implantación sería en 2022, cuando la recaudación se situaría en 2.450.000 euros
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