Las Cortes de Castilla y León se mostraron contrarios a un impuesto especial a las bebidas carbonatadas y azucaradas que el Gobierno quiere establecer, alegando la lucha contra la obesidad. Todos los grupos, salvo Ciudadanos, dieron ayer su visto bueno a una Proposición No de Ley (PNL), planteada por el PP, rechazando el impuesto y pidieron a la Junta que recomiende al Gobierno que dirija una estrategia de lucha contra la obesidad, promoviendo una alimentación más saludable a través de campañas informativas y educativas.
La votación en la Cortes se produce un día después de la firma de un manifiesto en el mismo sentido, ratificado por la Consejera de Agricultura de Castilla y León, Milagros Marcos, y por todo el sector remolachero-azucarero (ASAJA, la Alianza UPA-COAG, URCACYL, Azucarera, Acor) la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León.
El procurador del Grupo Popular Óscar Reguera defendió que un impuesto no parecía ser la práctica más adecuada para resolver problemas de salud, como ya se ha evidenciado en otros países en los que se ha probado. En su opinión habría que promover hábitos saludables e incentivar el consumo de productos saludables con rebajas fiscales. Además, ha recordado, que este impuesto perjudicaría mucho al sector remolachero-azucarero que ya ha sufrido una fuerte reetructuración.
El procurador de Ciudadanos David Castaño defendió la postura alegando que no afectaría a los productores de Castilla y León donde el azúcar que se produce va mayoritariamente a mesa y no a la industria de las bebidas refrescantes.
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