Azucarera defendió el viernes en Valladolid el mantenimiento de las cuotas de azúcar de remolacha hasta 2020, plazo que permitirá al sector español alcanzar los objetivos de productividad para los cultivadores y de competitividad para la industria productora en España. De esta forma, la empresa se posiciona ante la propuesta de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que la Comisión Europea presentó el pasado 12 de octubre y que plantea la eliminación de las cuotas antes del 30 del septiembre de 2015.

Según el Consejero Delegado de Azucarera, Juan Luis Rivero, “Las cuotas y el precio mínimo de la remolacha deben permanecer durante un tiempo suficiente que permita alcanzar los objetivos de productividad para los agricultores y de competitividad para la industria, y que nos sitúen a la altura de otras regiones europeas que tienen menores costes de producción de la remolacha simplemente por razón de su localización geográfica”.

Rivero ha señalado que la situación de inestabilidad de suministro y precios que se ha vivido en los últimos dos años justifica plenamente “una producción nacional de azúcar de remolacha que ayude a mantener el tejido agrícola y garantice el suministro a costes razonables, superando cualquier riesgo de deslocalización y de dificultades de mercado.”

Sobre el futuro del cultivo Rivero indicó que “El cultivo de la remolacha proporciona estabilidad y garantías a los agricultores quienes, gracias a la continua investigación y mejora de las técnicas de cultivo, están obteniendo rendimientos cada vez mayores año a año. Es por este motivo que consideramos fundamental que la reforma de la PAC evite cualquier medida de implantación no progresiva que ponga en peligro los avances hasta ahora logrados”, añadió Juan Luis Rivero.

El sector remolachero tuvo que enfrentarse a un duro ajuste tras el anterior proceso de reestructuración del sector en 2005/2006, que supuso la reducción en un 50% de la producción del azúcar de remolacha en España, lo que llevó al cierre de varias fábricas en Castilla y León, Castilla La Mancha y Andalucía, y aumentó la dependencia de España del azúcar de importación. Según los responsables de Azucarera, acabar con el régimen de cuotas en 2015 empeoraría la situación preexistente y generaría un desequilibro entre la rentabilidad de las explotaciones españolas y las de otros mercados europeos.

Por otro lado, es necesario reiterar que el mantenimiento de cuotas de producción ha permitido sobrellevar satisfactoriamente una situación de extrema volatilidad de los precios internacionales de las materias primas, que no sólo afecta a España sino al conjunto de la Unión Europea. Esta situación de vulnerabilidad del suministro se ha visto agudizada por el crecimiento del consumo de azúcar a nivel mundial (3 millones de toneladas al año); el crecimiento en la demanda de etanol; el incremento de los precios de los combustibles y, por último, la dependencia excesiva de un número reducido de jugadores a nivel mundial (sólo Brasil produce el 60% de la producción global de azúcar).

La Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León se comprometió la semana pasada a trabajar conjuntamente con Azucarera para que se prorrogue el actual sistema de cuotas hasta 2020. Asimismo, el resto de las administraciones nacionales y regionales en España se han mostrado receptivas a defender el mantenimiento del régimen de cuotas y Azucarera confía en que las demás administraciones se sumarán a este esfuerzo en la fase de negociación, tras la cual se someterá por primera vez a la votación del Parlamento Europeo.

Desde la última reestructuración del sector azucarero-remolachero en 2006, Azucarera ha adoptado una estrategia a largo plazo para apoyar a los agricultores en la mejora de la productividad y la competitividad del sector de cara a un eventual escenario sin cuotas. Y es precisamente debido a esta visión largoplacista por lo que la empresa considera que necesita un tiempo razonable para que el plan de mejora consiga los resultados deseados.