La Asociación General de Fabricantes de Azúcar de España (AGFAE) convocó ayer, en la sede de las Instituciones Europeas en España a los principales actores del sector para valorar la propuesta de la Comisión Europea para la reforma de la Política Agraria Común (PAC). Entre los asistentes estuvieron las organizaciones agrarias COAG, UPA, ASAJA y CNCR, el Director General de Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Carlos Cabanas, así como los Directores Generales de Agricultura de las principales zonas remolacheras del país.

En palabras del Presidente de AGFAE, Juan Luis Rivero, “El sector apuesta por la competitividad de la remolacha, para lo que es esencial el mantenimiento de cuotas de producción hasta al menos 2020. Ello permitirá un marco de sostenibilidad agrícola e industrial que ha demostrado hasta la fecha ser eficaz contra la volatilidad de los precios y para incentivar las inversiones a largo plazo”. Durante su intervención, Rivero destacó la importancia del sector en el desarrollo local a través de los miles de empleos directos e indirectos generados, que son clave en algunas zonas del país. “España necesita tener garantías de seguridad alimentaria y la posibilidad de un suministro local de azúcar procedente de remolacha nacional. Dicho cultivo contribuye a la estabilidad del sector, al desarrollo agrícola y a la incorporación de jóvenes en el campo.”

Los representantes de los agricultores coincidieron en resaltar la importancia del mantenimiento de cuotas de producción hasta al menos el año 2020, periodo imprescindible para mejorar en competitividad y rendimientos agrícolas e igualar al sector español en productividad a otros países. Esta petición es compartida también por el Parlamento Europeo y en concreto por las eurodiputadas, Esther Herranz (PPE) e Iratxe García Pérez (S&D), quienes expusieron su visión y principales líneas de acción en la negociación de esta trascendente reforma.

El sector azucarero español está integrado por más de 7.000 agricultores, que venden cada año 3,5 millones de toneladas de remolacha a la industria para la extracción de azúcar, y por 2.000 empleados directos de la industria. El cultivo se concentra en Castilla y León y Andalucía aunque también su presencia es importante en las comunidades de La Rioja, País Vasco y Navarra.

Como consecuencia de la reforma de la PAC de 2006, productores y cultivadores se vieron obligados a renunciar a 498.480 toneladas de azúcar, lo que dejó al país en una situación de déficit de suministro en una cantidad superior a 800.000 t de azúcar.