El Parlamento Europeo (PE) rechazó ayer una propuesta legislativa de la Comisión Europea que permitiría a los Estados miembros restringir o prohibir la venta y utilización en su territorio de alimentos o piensos transgénicos autorizados a nivel comunitario. Los eurodiputados creen que la norma es prácticamente inaplicable y temen que podría conducir a la reintroducción de controles fronterizos entre los países a favor y en contra de los OGM. El pleno pidió a la Comisión que presente una nueva propuesta.

“Con esta votación, enviamos una señal clara a la Comisión. Esta propuesta supondría un retroceso en los avances hacia el mercado interior y la unión aduanera”, señaló el presidente de la comisión de Medio Ambiente, Giovanni La Via (PPE, Italia), cuyas recomendaciones para rechazar la iniciativa recibieron 577 votos a favor, 75 en contra y 38 abstenciones.

La Via hizo hincapié en que no se ha elaborado un estudio sobre los efectos de la propuesta, su compatibilidad con el mercado único y, especialmente, su viabilidad. “No se han evaluado sus consecuencias potenciales y tampoco posibles alternativas”, recalcó el ponente.

También advirtió de que la medida tendría un impacto negativo sobre el sector agrícola de la UE, que es muy dependiente de los transgénicos para el suministro de proteínas. La Via insistió en las dificultades de llevarla a la práctica, sobre todo porque no existen controles fronterizos dentro de la UE.

La propuesta, que modifica la legislación comunitaria actual sobre transgénicos, fue presentada por la Comisión Europea el 22 de abril de 2015. El ejecutivo de la UE vinculó su iniciativa a otra norma vigente desde abril pasado que permite a los países prohibir el cultivo en su territorio de OGM aprobados a nivel comunitario.

Pero mientras el cultivo tiene lugar necesariamente dentro del territorio de un país, el comercio puede conllevar cruce de fronteras, por lo que el veto de uso y venta puede ser difícil o imposible de imponer si no va acompañado de controles de las importaciones.

El comisario de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, avanzó que Bruselas no va a retirar su propuesta, que todavía debe ser discutida por los ministros de los 28. Si el Consejo, que actúa como colegislador junto al Parlamento, también la rechaza, la iniciativa será suprimida.