La Unión Europea se está quedando atrás en la carrera de aplicar las nuevas técnicas genómicas para conseguir más rápida y eficazmente nuevas plantas mejor adaptadas al cambio climático, más resistentes a plagas o que produzcan alimentos con características específicas.
El Reino Unido ya va por delante de la UE. El pasado 13 de noviembre entró en vigor la Ley de Tecnología Genética (Cría de Precisión), que se había aprobado la pasada primavera. Esta legislación es un hito histórico ya que introduce un nuevo marco regulatorio para las plantas de mejoramiento de precisión en Inglaterra, que ya no se considerarán cultivos modificados genéticamente (GM).
Estas regulaciones se aplican a las plantas desarrolladas mediante técnicas como la edición genética CRISPR-Cas9 para realizar pequeños cambios genéticos que podrían haberse producido de forma natural o mediante mejoramiento convencional, pero que ahora pueden lograrse con mayor rapidez y precisión. Con esta nueva legislación las plantas obtenidas por edición genética se equiparan a las obtenidas por medios convencionales de selección.
El Reino Unido se ha alinea con el modelo regulador adoptado por países como Canadá, Australia, Brasil, Argentina, Estados Unidos y Japón, marcando una diferenciación respecto a las restricciones aún vigentes en la Unión Europea.
En la UE, los agricultores siguen esperando a que se apruebe una ley similar que permita obtener variedades con las que hacer frente al cambio climático y los retos de reducción fitosanitarios, pudiendo competir con las mismas herramientas que sus homólogos de otros países.
Sistema de evaluación en dos pasos
La normativa establece un sistema de evaluación en dos fases para la comercialización de organismos obtenidos mediante técnicas de cría de precisión (PBO, por sus siglas en inglés).
En la primera fase, las empresas deben obtener una «notificación de comercialización» del propio Departamento de Asuntos Rurales del Reino Unido (Defra), lo que permite dar seguimiento a la introducción de PBO en el mercado. Posteriormente, deben presentar una solicitud de autorización a la Agencia de Normas Alimentarias (FSA), que lleva a cabo una evaluación de seguridad de Nivel 1. Esta evaluación incluye el análisis del historial de uso seguro de los alimentos derivados del organismo, así como cambios en su composición nutricional, posibles riesgos de toxicidad o alergenicidad, y otros aspectos relacionados con la salud pública.
Las organizaciones dedicadas a la ciencia de los cultivos, como The Sainsbury Laboratory (TSL) y el Instituto Nacional de Botánica Agrícola (NIAB), consideran que se trata de un paso crucial para fortalecer la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. Se espera que la nueva política acelere el desarrollo de una amplia gama de cultivos mejorados que ya están en desarrollo. Entre las posibles aplicaciones tempranas se incluyen fresas de mayor rendimiento, semillas oleaginosas nutricionalmente mejoradas, y remolacha azucarera y patatas resistentes a enfermedades.
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