Madrid, 27 de octubre´03. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, solicita al Gobierno la puesta en marcha un plan estratégico en defensa de precios justos para los productos agrarios, que no penalice a los profesionales del medio rural ni a los consumidores. La cadena agroalimentaria se encuentra totalmente desequilibrada al percibir el agricultor un valor que, en muchos casos, se sitúa por debajo del 30% de lo que paga el consumidor por el mismo producto.

Esta grave distorsión observada en el mercado alimentario desincentiva las producciones agrarias y las rentas de los agricultores (si analizamos los datos de Valor Añadido Bruto por ocupado, el sector agrario ya se sitúa un 60% por debajo del resto de sectores económicos) por los bajos precios percibidos e introduce una injustificada tensión inflacionaria, que debilita el conjunto de la economía y erosiona las rentas de los ciudadanos. Sólo en el periodo 2002-2003, la inflación del Estado español en la cesta de la compra es un 56% más elevada que la registrada en la Unión Europea.

En este sentido, Andoni García , responsable de Costes de COAG, ha apuntado que “analizando la situación de los precios, se deduce que si los precios frescos o elaborados suben en destino y por el contrario, los producidos en origen suben en menor medida, el incremento que se observa en el IPC puede achacarse a los crecientes márgenes de beneficio de la cadena agroalimentaria, de la que no son protagonistas los agricultores y consumidores, y sí otros agentes económicos. Además, ha añadido Andoni García, “se evidencia asimismo problemas de transparencia existentes en la comercialización de los productos agrarios, sobre todo perecederos”.

La distribución comercial actúa en régimen de oligopolio con gran poder de compra y de dominio sobre el resto de los agentes de la cadena agroalimentaria (agricultores e industria por una parte y consumidores, por otra). El poder ejercido por los grandes minoristas les sirve para acumular excesos de beneficios manteniendo los precios altos; el poder de mercado de los grandes minoristas se manifiesta también en los mercados locales. Su tamaño también levanta barreras a la entrada de nuevos agentes de la distribución comercial.

En referencia a la propuesta del Ministerio del doble etiquetado, COAG considera que es una medida específica positiva pero no suficiente ya que, por sí sola, no resuelve las crónicas distorsiones que padece el mercado alimentario. Para ello, sería necesario apostar por políticas de regulación de mercados basadas en medidas de precios-mercados con el objetivo de evitar la disminución de los precios en origen, así como medidas de carácter socioestructural. Además, junto al doble etiquetado sería imprescindible un conocimiento mucho más profundo de los procesos de comercialización de los productos agrarios en aras de dotar al mercado de una mayor transparencia.