La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), junto con las federaciones de cooperativas de otras siete comunidades autónomas (Castilla-La Mancha, Baleares, Aragón, Madrid, Valencia, Murcia y Extremadura), han constituido la PLATAFORMA DE DEFENSA DEL OLIVAR con el objetivo de reivindicar una reforma de la Organización Común del Mercado (OCM) equilibrada y que garantice la continuidad de este cultivo.

Esta iniciativa surge ante la actual negociación de la OCM del aceite y aglutina los intereses de una parte significativa del olivar. Así mismo, se ha entregado un documente de defensa del sector al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, para que lo defienda en las próximas negociaciones de Bruselas.

Las cooperativas de las ocho comunidades autónomas que impulsan este documento representan más del 52% de los productores, según datos oficiales del MAPA (campaña 99/00). Este hecho confiere una representatividad acreditada al documento, al que ya se han adherido diversos sindicatos y asociaciones de almazaras de todo el Estado.

El documento defiende un sistema de ayuda mixta para garantizar una percepción mínima de 300 euros/hectárea cultivada. El 40% de la ayuda se determinaría en base al régimen de pago único aprobado con la reforma de la PAC (es decir, a partir de la media de las ayudas históricas percibidas en el período 2000-02 y excluyendo los años de adversidades meteorológicas) y el 60% restante se repartiría, en función de la superficie, para todos los productores españoles por igual.

De esta manera se evitará, en mayor medida, que los ingresos del oleicultor dependan de las oscilaciones de la producción y de las penalizaciones pasadas y se conseguirá una mayor estabilidad de las rentas, tanto si se trata de olivares de alta o baja producción. Además, se tiene en cuenta una progresividad en la ayuda que beneficiaria los olivares más productivos y mantendría el equilibrio entre regiones, ya que reduciría las desmesuradas e injustificables diferencias en la percepción de ayudas que existen en la OCM anterior.

En el documento también se defiende un aumento del presupuesto para el Estado con la finalidad de evitar las elevadas penalizaciones provocadas porque España ha producido como media, en los últimos años, un 43% más de su cantidad nacional garantizada.

Barcelona, 14 de noviembre de 2003