El Parlamento de Francia está tramitando una ley sobre territorios rurales que, entre otras cosas, establece la posibilidad de precios mínimos para las frutas y hortalizas, cuando exista una situación de crisis.

Estos precios mínimos se encuadrarían dentro de contratos-tipo entre agricultores y compradores, que contendrían cláusulas referidas a estos precios mínimos, que se darían en situaciones de precios anormalmente bajos, de acuerdo con unos criterios que deberán especificarse, contemplándose también un mecanismo de repercusión de las bajadas de precios pagados al agricultor sobre los precios al consumidor, con unos «coeficientes multiplicadores».