El presidente de ASAJA-Almería, Francisco Vargas Viñolo, analizó el pasado sábado, ante representantes de asociaciones de diferentes países y en una jornada dentro de la Cumbre Euromediterránea, las repercusiones del libre comercio euromediterráneo en las producciones de estos estados.
El líder del campo almeriense tachó de “insolidario” el objetivo del Proceso de Barcelona, que consiste en establecer una zona euromediterránea de libre comercio para los productos industriales en 2010. “Es insolidario porque trata de eliminar las barreras comerciales pero, en cambio, no piensa en invertir en el desarrollo de los países pobres”, señaló. Por este motivo, criticó “la doble moralidad” de los políticos, “que por un lado hablan de lograr la paz social y una estabilidad en estos estados pero por otro lo que buscan es obtener ellos una rentabilidad económica”.
Como mínimo, Francisco Vargas consideró que las futuras importaciones “deben cumplir los mismos requisitos que se nos exige a nosotros”, concretamente, se refirió a las “exigencias fitosanitarias, medio ambientales y de calidad”. Para impedir emergencias sanitarias, recomendó establecer las inspecciones en origen, “de no ser así, casos como el de la gripe aviar podrían verse repetidos y con una incidencia aún mayor”, subrayó.
“No se pueden importar productos a precios ínfimos a costa de incumplir con las normas en materia salarial o sociolaboral, especialmente en el caso de menores trabajadores. De lo que se trata es de que no recaigan los beneficios en manos de explotadores que se aprovechen del incumplimiento de estas medidas laborales para reducir así los costes de producción. Sin duda, las grandes beneficiadas de esta apertura de fronteras serán las multinacionales y las distribuidoras, y lo que hay que evitar es que se aprovechen de la ausencia de leyes en materia laboral en los países subdesarrollados”.
El discurso del presidente de ASAJA-Almería vino, una vez más, a poner de manifiesto la preocupación de los agricultores ante la puesta en marcha de este nuevo tratado y como conclusión final, pidió un cambio de orientación en las políticas agrarias comunitarias para que protejan de verdad a los trabajadores del campo.
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