13 de enero de 2005. Los continuos y constantes cambios burocráticos y administrativos que vienen poniendo en práctica la Administración central y regional en política agrícola no hacen otra cosa que contribuir a la confusión del profesional del campo. En esta ocasión, les ha tocado el turno a los que, hasta el pasado 21 de noviembre, solicitaron el cese anticipado.

Habitualmente, la Junta remitía a los interesados un escrito en el que se les comunicaba su priorización con objeto de pasar a la segunda fase del proceso en la que se presenta la documentación requerida para la concesión de tales ayudas. Pero tal circunstancia ha dado este año un giro radical.

ASAJA Salamanca quiere poner de manifiesto el prejuicio que está provocando este “cambio de planes” por parte de la Junta de Castilla y León al eliminar, sin más, la comunicación de priorización a los solicitantes, limitándose a publicar sus nombres en el Bocyl del pasado 23 de diciembre. En unas ayudas como éstas, que cada año además “se conceden a cuentagotas”, resulta llamativa, cuando no denunciable, tal actuación. Por ello, esta organización agraria advierte a todos los agricultores y ganaderos que hayan solicitado el cese anticipado, y hayan sido admitidos favorablemente tras consultar el Bocyl del 23 diciembre, que reúnan la documentación necesaria antes del 23 de febrero.

Cabe subrayar además el hecho de que en la presente convocatoria, ASAJA Salamanca ha podido saber que, en nuestra provincia, han sido priorizados un número considerable de expedientes, 74 en total, frente a los 38 que se aceptaron en 2005. Un incremento que, acompañado de la falta de comunicación directa a los agricultores, induce a pensar en una alternativa intencionada para que se presenten un número inferior de solicitudes favorables enmascarando así la disculpa de convocatorias anteriores por el tema de la edad. Es habitual que, por norma, se desestimen a los profesionales comprendidos entre los 55 y los 61 años frente a los que están al límite de la jubilación ordinaria concediéndose casi exclusivamente a quienes ya han cumplido los 62 ¿A quiénes es preferible pagar entonces durante menos tiempo? ¿Interesa que todos los priorizados sepan que lo han sido?