La organización agraria ASAJA de Castilla y León ha exigido hoy al servicio público de salud, el Sacyl, que los médicos de cabecera cursen los partes de baja por tularemia de los agricultores y ganaderos de al región como enfermedad profesional y no como enfermedad común. Los agricultores, los ganaderos y los trabajadores que realizan labores agrícolas para terceros en zonas con alta densidad de la plaga de topillos, y que están contrayendo la enfermedad bacteriana de la tularemia, tienen el derecho a que se le reconozca como una enfermedad profesional y por tanto beneficiarse de las ventajas económicas que ello supone. Para que una enfermedad se califique como enfermedad profesional tiene que estar incluida en el cuadro de enfermedades profesionales vigente, algo que se da al tratarse de una “enfermedad infecciosa trasmitida a los agricultores, ganaderos y obreros rurales por los animales o por sus productos o cadáveres”, pues es una zoonosis. Por otra parte, el sanitario ha de sospechar que hay una relación directa entre el trabajo y la enfermedad, algo que a estas alturas ya nadie cuestiona.

El reconocimiento como enfermedad profesional da derecho al paciente a la gratuidad de los medicamentos necesarios para el tratamiento, cuando si se considera enfermedad común hay que pagar el 40 por ciento. Además, la catalogación como enfermedad profesional permite poder cobrar la baja médica desde el primer día, con un importe del 75 por ciento de la base de cotización mientras que si se trata de enfermedad común no se empieza a cobrar hasta el cuarto día de baja y hasta el día 20 se cobra tan solo el 60% de la base de cotización.

La organización agraria ASAJA de Castilla y León adelantó la pasada semana que hay ya más de un centenar de pacientes a los que se le ha confirmado que padecen tularemia después de recibirse los resultados analíticos del laboratorio de referencia en Majadaonda, datos que hará públicos la Junta mañana martes. Más de otros dos centenares de casos clínicos esperan la confirmación o no del diagnóstico. Del estudio epidemiológico se desprende que en la mayoría de los casos los pacientes han realizado labores agrícolas en zonas con alta densidad de topillos, los cuales de una forma directa o indirecta han actuado como trasmisores de la bacteria.

ASAJA insiste en la necesidad de exterminar de forma inmediata la plaga y considera que las medidas que ha puesto en marcha la Junta son insuficientes y recaen casi todas ellas en los agricultores, por lo que la Administración sigue sin asumir su responsabilidad ante este problema. ASAJA considera que la Junta con su actitud de desentenderse del problema ha causado un enorme perjuicio económico a miles de familias y además en las últimas semanas está poniendo en serio peligro la salud de los habitantes del medio rural. Si no se aborda el problema con el rigor que se merece, de cara a los próximos meses la plaga volverá a tener efectos devastadores en las siembras de la próxima campaña y la tularemia se puede convertir en una enfermedad endémica en los pueblos agrícolas de la región.