AVA-ASAJA advierte sobre las graves consecuencias de los injertos o plantaciones ilegales de cítricos protegidos

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) advierte a los citricultores sobre las graves consecuencias penales y civiles que tendrían los injertos ilegales con variedades o las plantaciones con pies citrícolas protegidos. Hasta 48 naranjas, mandarinas o limones así como patrones se encuentran ya hoy registrados y sometidos a la legislación europea y española sobre propiedad industrial del material vegetal. Como señala el presidente de la organización agraria, Cristóbal Aguado, “hemos entrado en una nueva era marcada por los royalties y los derechos del obtentor y como ya ocurre con algunas verduras, flores y frutas hay que adaptarse a la nueva situación”. Pero, matiza Aguado, “tal realidad contrasta con la que se viene sufriendo en el caso de la polémica Nadorcott, en la que se trató de imponer el pago de unos derechos con carácter retroactivo y con dudosos argumentos jurídicos”.

Frente a la dinámica consolidada en el pasado, en la que los productores abordaban la reconversión sin mayor preocupación que la variedad a elegir, la nueva regulación supone que no sólo es obligatorio injertar o plantar material con certificado fitosanitario sino que además ahora se debe aceptar en muchos casos las condiciones de explotación que impone su propietario industrial. En los 48 casos citados y en los que en próximas fechas se incorporarán al registro, es el obtentor o licenciatario el que se encarga de especificar las condiciones en las que se podrá producir su variedad o patrón. AVA-ASAJA advierte que los detentores de los derechos de un cítrico protegido están legitimados para actuar legalmente contra todos aquellos que injerten o planten sin su consentimiento.

En las compras de material vegetal protegido, además del albarán en el que se concreta el precio de cada planta o pie con sus correspondientes derechos, el viverista licenciatario suele hacer firmar al comprador un contrato de ‘no propagación y no comercialización’ de las plantas o yemas adquiridas. En tal documento al citricultor adquiriente se le advierte de las consecuencias penales, de prisión incluso, en las que se podía incurrir en el caso de violar tal contrato, por ejemplo cambiando la ubicación física del material vegetal. Los hay que llegan a establecer una indemnización de hasta 300.000 euros ‘por los daños y perjuicios causados’ al obtentor.

En casi todos ellos, además, se advierte al comprador de que ‘queda informado y acepta’ que el cítrico o pie en cuestión no tiene garantizado un determinado comportamiento agronómico. La organización agraria alerta en este sentido de la proliferación de algunos cítricos que han sido evaluados en el extranjero, no por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) y cuyo desarrollo podría ser cuestionable. “Últimamente algunos se están trayendo mandarinas o naranjas que se venden como revolucionarias y que se ofrecen a precio de oro pero cuyo futuro podría no estar del todo claro”, advierte Aguado. De igual manera. AVA-ASAJA sugiere a los productores que lean muy atentamente la letra pequeña de estos contratos, en concreto, las cláusulas referidas a las condiciones y limitaciones en la producción o comercialización de estos cítricos protegidos.