La declaración de las zonas remotas en Castilla-La Mancha hará posible que muchos de los ganaderos que se ubican en estas áreas puedan eliminar los cadáveres de los animales muertos como se hacía tradicionalmente, es decir enterrándolos o incinerándolos “in situ”.

Como consecuencia, estos ganaderos podrán ahorrarse el coste del seguro anual de retirada de cadáveres, que dejará de ser obligatorio, y también las molestias que acarrea el actual proceso de retirada en estos lugares.

Por ello, ASAJA de Cuenca urge a la Administración regional que ponga en marcha cuanto antes la delimitación de las zonas remotas, atendiendo a los criterios que estableció el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino a través del Real Decreto 1131/2010, publicado el pasado mes de septiembre, para que a los ganaderos cuyo seguro vence próximamente no se vean obligados a renovar la póliza por un año más.

Según el citado Real Decreto, las autoridades competentes de cada Comunidad Autónoma deberán definir estas áreas valorando el cumplimiento de, al menos, dos de los siguientes criterios: baja densidad ganadera, difícil accesibilidad, lejanía hasta las plantas de transformación o actividad productiva limitada por la protección del hábitat natural.

Además, ASAJA de Cuenca ya ha presentado a la Administración su propuesta para la delimitación de las zonas remotas en la provincia y ha solicitado que a los ganaderos que no tengan sus explotaciones incluidas en este perímetro se les subvencione la totalidad del seguro de retirada de cadáveres y se facilite al máximo el proceso.

Por último, la Organización valora la próxima puesta en marcha de esta medida, aunque considera que las administraciones deben aplicar la normativa en sanidad animal de forma más coherente, es decir, teniendo en cuenta las grandes diferencias que pueden darse entre las explotaciones ganaderas, y en consecuencia, evaluando los riesgos de acuerdo a criterios más heterogéneos.

En este sentido, ASAJA de Cuenca destaca que en las explotaciones ganaderas situadas en la Serranía conquense, donde los carroñeros se pueden ocupar de los cadáveres de ganado sin generar problemas, la normativa debería flexibilizarse para permitir que sea el curso de la naturaleza el que acabe con el problema.