El Gobierno de Francia ha anunciado que fijará por decreto un contenido máximo de cadmio en los fertilizantes fosfatados de 40 mg/kg a partir de 2028 y de 20 mg/kg en 2030, frente a los 60 mg/kg que establece actualmente la norma europea. Las asociaciones de productores de trigo, de maíz, de granos oleaginosos y proteaginosos, de remolacha y de patata de Francia, que representan a los llamados cultivos a gran escala, han denunciado la decisión.
Las organizaciones sostienen que llevaban meses advirtiendo al Gobierno y a los parlamentarios de que Francia no puede imponer a sus agricultores una política nacional más estricta que la europea sin evaluar con precisión las consecuencias. Reconocen que la cuestión sanitaria debe abordarse con seriedad, pero reclaman que se haga solo mediante una política basada en la ciencia, en la disponibilidad real de fertilizantes y en el impacto económico sobre los productores.
Un calendario que se acorta
Según recuerdan las asociaciones, el decreto avanza mucho más rápido que la trayectoria que el propio Gobierno presentó a consulta hace unos meses: 60 mg/kg en 2027, 40 mg/kg en 2030, un estudio de impacto antes de 2032 y 20 mg/kg a más tardar en 2038. El nuevo calendario adelanta así ocho años el límite de 20 mg/kg. Los productores se preguntan qué nuevo estudio justifica ese adelanto y con qué garantías respecto al precio y a la disponibilidad de los fertilizantes.
Por ello, instan al Gobierno a abandonar esta trayectoria nacional y a mantener la norma europea como referencia. En su opinión, la posibilidad anunciada de adaptar el calendario más adelante no ofrece garantías, porque una vez fijada la trayectoria regulatoria resulta muy difícil revertirla.
Fósforo, competitividad y mercado abierto
Las asociaciones subrayan que, en los cultivos a gran escala, el fósforo es un elemento esencial para asegurar los rendimientos. Reducir el número de fertilizantes y de países proveedores capaces de cumplir los nuevos requisitos no disminuirá las necesidades de las plantas y, a su juicio, es más probable que encarezca los costes y agrave la dependencia de un número aún menor de proveedores, sin garantías sobre precios ni volúmenes.
Las organizaciones consideran además que imponer a los agricultores franceses normas que superan los estándares europeos perjudica la competitividad del país. Recuerdan que el informe interministerial del Gobierno reconoce que el impacto de límites más estrictos sobre los niveles de cadmio en los productos vegetales sigue siendo incierto. Señalan también que la normativa francesa sobre fertilizantes no se aplica a las prácticas agrícolas en el extranjero, aunque los productos agrícolas sigan sujetos a los límites reglamentarios aplicables a los alimentos. En su opinión, trasladar la responsabilidad de este problema sanitario exclusivamente a los productores franceses, sin coherencia europea en un mercado abierto, no será suficiente y puede poner en peligro la soberanía alimentaria del país.
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