En el marco del Pleno Regional que COAG Andalucía celebró el 28 de septiembre en su sede de Jaén, el sector agrario ha planteado la puesta en marcha inmediata de un mecanismo de autorregulación para el aceite de oliva español, que defiende se activará por primera vez en la historia en España. Francisco Elvira, secretario general de COAG Jaén y representante sectorial del aceite de oliva a nivel nacional, ha explicado que la medida consistiría en una norma que obligue a retirar parte del aceite producido cuando el sector se enfrente a una situación de cuello de botella.
A diferencia de lo ocurrido hasta ahora, cuando ese almacenamiento ha recaído principalmente sobre Jaén, Granada y Córdoba, Elvira defiende que la carga se reparta entre la totalidad del sector. «No va a ser únicamente las provincias de Jaén, de Granada y de Córdoba las que van a tener que soportar almacenar ese aceite durante un año completo», ha señalado, y ha subrayado que el sector no atraviesa un excedente estructural: toda la producción se está colocando en el mercado. Ha pedido al Gobierno central que «no interprete nada» y que ponga en marcha la medida «de forma inmediata».
Fraude como delito penal, y el caso de Túnez
Junto a la autorregulación, el documento plantea que el fraude en el aceite de oliva sea considerado delito penal, como ya ocurre en Italia. Elvira ha vinculado esta exigencia a los 150.000 empleos que genera el sector en Andalucía: «Cualquier fraude que se está haciendo está afectando a la vida de esas personas de una forma decidida», ha afirmado.
Ha denunciado además la entrada de aceite por la frontera para su posterior comercialización como aceite europeo «sin control ninguno y sin pagar ningún tipo de arancel». Como ejemplo, ha situado las cerca de 56.000 toneladas que llegan desde Túnez libres de arancel, cuya paralización ha reclamado el sector.
El resto del documento
Además de estas dos medidas, el documento —aprobado la semana pasada por las tres organizaciones profesionales agrarias (OPAs) y Cooperativas Agro-alimentarias a nivel nacional— incluye el control de las entradas de aceite procedentes de países extracomunitarios y la paralización del Régimen de Perfeccionamiento Activo, ante la distorsión de mercado que, según el sector, está generando.
El secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila, ha calificado el documento de histórico y defiende que el consenso alcanzado por todo el sector no deja margen para la ambigüedad: «Si la totalidad de un sector se pone de acuerdo en una serie de medidas, se acabaron las interpretaciones», ha señalado, y ha trasladado que corresponde ahora a cada parte lograr, en su ámbito, lo planteado en el texto, «porque es fundamental para muchísimas familias en Andalucía y a nivel nacional».
Precio y agua, el trasfondo de la exigencia
Elvira ha insistido en que, con el precio al que se está pagando el aceite de oliva en origen, el sector no se puede sostener y se hunde, y ha advertido de que empezará a verse abandono en los olivares más desfavorecidos.
Ha reclamado además una mejor gestión del agua por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, especialmente en el contexto de cambio climático, y ha pedido un reparto más justo y equitativo del recurso para el olivar, que en la provincia de Almería está sirviendo de freno al desierto.
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