Los primeros precios que los operadores comerciales han puesto sobre la mesa para la nueva campaña arrocera apuntan a una caída del 30% respecto al año pasado, según AVA-ASAJA (Asociación Valenciana de Agricultores), que advierte de que denunciará ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) los contratos que incumplan la prohibición legal de vender por debajo de coste.
Los rumores que circulan entre los arroceros valencianos, en pleno inicio de la siega, sitúan el precio de compra en torno a 0,35 €/kg, frente al umbral de rentabilidad de 0,54 €/kg calculado por la organización. Ese recorte supondría 0,15 €/kg menos que hace un año y hasta 0,35 €/kg por debajo de la cotización de hace cuatro años. La entidad, presidida por Cristóbal Aguado, advierte de que un desplome de este calibre abocaría al abandono de campos en los parques naturales de la Albufera y del marjal de Pego-Oliva.
Una vez recabada la documentación pertinente, la asociación agraria trasladará a la AICA aquellos contratos de compraventa que fijen precios inferiores a los costes de producción, al considerar que incurren en venta a pérdidas, práctica prohibida por la Ley de la Cadena Alimentaria. Paralelamente, informará a Copa-Cogeca y a las administraciones de la necesidad de investigar estas irregularidades y de revisar los acuerdos comerciales con terceros países que, según la organización, inundan el mercado con arroces foráneos en condiciones de competencia desleal.
La presión sobre los precios contrasta con la escalada de los costes de cultivo, que este año se han disparado un 7,2% por el encarecimiento de los fertilizantes nitrogenados, los carburantes, las semillas y la mano de obra. Con un umbral de rentabilidad de 0,54 €/kg, si finalmente se confirmaran cotizaciones de 0,35 €/kg los agricultores perderían unos 0,20 euros por cada kilo comercializado, una diferencia que las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) no cubrirían, sobre todo en las parcelas más afectadas por el cucat y la piricularia.
El arroz que llega sin garantías
AVA-ASAJA reclama además un seguimiento exhaustivo de las operaciones de compraventa para comprobar si incurren en venta a pérdidas, junto con una revisión de los acuerdos comerciales con terceros países que permita frenar la entrada masiva de importaciones que presionan a la baja los precios en origen.
La organización pide también reforzar los controles en los puntos de entrada para evitar la introducción de arroces foráneos sin garantías alimentarias. Según alertas notificadas por el portal comunitario RASFF, se han detectado en arroces procedentes de Pakistán, India, Vietnam, Bangladés y Camboya residuos de sustancias fitosanitarias no autorizadas en la Unión Europea, entre ellas tricyclazol, thiamethoxam, carbendazim, clorpirifos, imidacloprid, acefato, profenofós, triazofós y hexaconazol.
La normativa de ambos parques naturales impide a los agricultores plantar un cultivo distinto al arroz, de modo que si se agravara la falta de rentabilidad y se abandonaran los arrozales se degradarían estos espacios de alto valor medioambiental, con consecuencias también para las zonas urbanas limítrofes, como la proliferación de plagas y la emisión de gases contaminantes. Está en juego, según la entidad, tanto el futuro de un alimento básico e identitario de la sociedad valenciana como la preservación de un territorio que depende del cultivo del arroz.
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