El Consejo de Ministros ha declarado zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios damnificados por 211 episodios catastróficos registrados entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026 en comarcas de 14 comunidades autónomas, la mayoría de ellos incendios forestales. La medida da paso al despliegue de ayudas para paliar los daños personales y materiales causados por estos siniestros.

Entre los incendios incluidos en la declaración figuran los originados en los últimos días en la Comunidad de Madrid, en las provincias de Ávila y Toledo, y en el municipio de Vall d’Uixó (Castellón), cuyos trabajos de extinción continúan abiertos. También se incorpora el incendio de Los Gallardos (Almería), en el que fallecieron 14 personas.
La declaración abarca además emergencias derivadas de fenómenos costeros, lluvias y tormentas, incendios en instalaciones industriales y accidentes en el transporte de mercancías peligrosas, entre otros sucesos registrados en el periodo señalado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que la declaración permite «comenzar a desplegar ayudas destinadas a paliar los daños personales y materiales», con medidas en el ámbito agroalimentario e industrial, beneficios fiscales, laborales y de Seguridad Social, y apoyos a las corporaciones locales para reparar sus infraestructuras. El Ejecutivo ha avanzado que las ayudas se ampliarán «conforme se haga una evaluación más certera de la catástrofe».
Nuevas coberturas para quienes no pueden volver a casa
El Consejo de Ministros ha aprobado también un real decreto ley con medidas laborales extraordinarias y urgentes dirigidas a las personas afectadas por los incendios forestales cuando estos hayan implicado evacuaciones, limitaciones de acceso, confinamientos u otro tipo de restricciones decretadas por las autoridades. Los trabajadores y las empresas que cumplan los requisitos podrán acogerse a esta protección desde el pasado 23 de julio y hasta que concluya la campaña anual de peligro alto de incendios de 2026.
La norma crea una nueva prestación, limitada a un máximo de cuatro meses, que no exigirá periodo de cotización mínimo ni consumirá cotizaciones de cara a futuras prestaciones. Podrán suspender su contrato de trabajo y acceder a esta Prestación Extraordinaria por Emergencia Extrema las personas que no puedan acceder a su domicilio habitual, tengan que acondicionarlo tras el paso del fuego, o deban afrontar el cuidado de familiares a causa de los incendios.






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