Las organizaciones agrarias ENBA y UAGA comparecieron ayer ante el Parlamento Vasco para trasladar su posición sobre la Proposición de ley de medidas urgentes de simplificación y agilización para la actividad económica sostenible, cada una con matices distintos sobre el alcance de la norma.
ENBA respaldó el fin último del proyecto, orientado a reducir cargas administrativas y agilizar los procesos, y valoró positivamente que integre al sector primario, el desarrollo rural y la industria agroalimentaria entre sus ámbitos de actuación. La organización destacó especialmente el sistema integrado de inspección agroalimentaria previsto en el texto, una de las reivindicaciones planteadas por las tractoradas de 2024, al considerar que la burocracia resta tiempo a los baserritarras para dedicarse a la explotación.
UAGA, por su parte, mostró una posición más crítica con el conjunto de la norma. El sindicato advirtió de que la ley va más allá de la simplificación administrativa y puede convertirse en un instrumento para acelerar la implantación de proyectos estratégicos, reduciendo las garantías de participación social, el papel de las entidades locales y la protección del territorio. UAGA teme, además, que la inclusión de medidas para el sector agrario sirva para justificar una norma con otros objetivos, y reclamó que cualquier avance hacia la soberanía energética, alimentaria y territorial se construya con transparencia, consenso social y planificación a largo plazo.
Renovables y territorio
UAGA señaló como especialmente preocupantes los artículos que regulan la declaración de utilidad pública de determinadas infraestructuras y los Proyectos de Interés Público Superior, al entender que su redacción actual genera incertidumbre sobre qué actuaciones podrían acogerse a estos procedimientos y abre la puerta a acelerar proyectos con una participación pública y local insuficiente. El sindicato rechazó cualquier medida que limite la capacidad de decisión de ayuntamientos y juntas administrativas.
En una línea similar, ENBA expresó inquietud por la batería de cambios propuestos para facilitar la implantación de infraestructuras de energías renovables en suelo no urbanizable, por su impacto en la actividad agropecuaria, y consideró insuficientes las modificaciones de la ley de administración ambiental, al no reducir las trabas burocráticas que afectan sobre todo a la actividad forestal.
UAGA valoró positivamente algunas medidas orientadas al desarrollo rural, como la simplificación de determinadas inspecciones, el impulso al emprendimiento en el medio rural, las infraestructuras de comunicación o las políticas de vivienda para pequeños municipios. En materia de agricultura ecológica, defendió que la certificación siga siendo una competencia pública a través de ENEEK, rechazando la incorporación de certificaciones privadas. Aun así, el sindicato considera que estas medidas tienen un alcance limitado dentro de una ley cuyo objetivo principal es facilitar proyectos estratégicos, y reclamó que el texto se modifique para garantizar la participación ciudadana y la autonomía institucional local.
Por último, ENBA insistió en que el proyecto de ley debe complementarse con otras medidas que afectan directamente al sector primario, como la regulación higiénico-sanitaria o la política de aguas, cuestiones que, a su juicio, no quedan recogidas en el texto y deberían incorporarse durante su tramitación parlamentaria.
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