Las autoridades veterinarias de la Junta de Castilla y León han confirmado un nuevo brote de la enfermedad de Newcastle en una explotación de gallinas ponedoras del municipio de Olmedo, en Valladolid. Con este positivo, se elevan a seis los casos notificados recientemente en esta comarca próxima a Íscar.

La granja afectada cuenta con un censo aproximado de 301.191 aves y, según los registros oficiales, la instalación había aplicado los protocolos de vacunación frente al virus. Las primeras sospechas se comunicaron el pasado 23 de junio, cuando los responsables de la explotación detectaron una caída del 5 % en la producción de huevos en una de las naves, acompañada de un ligero incremento en la mortalidad del lote.
Tras el aviso, los servicios veterinarios oficiales autonómicos tomaron muestras que fueron enviadas al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, centro nacional de referencia para esta patología en España. Los análisis mediante técnica PCR han ratificado la presencia de una cepa velogénica del virus.
Un genotipo sin rastro epidemiológico en el Levante
La secuenciación parcial llevada a cabo por el laboratorio de referencia ha desvelado que la cepa circulante en la provincia vallisoletana corresponde al genotipo VII.2. Este subtipo difiere del detectado previamente en los focos de la Comunidad Valenciana, clasificado como VII.1.1, lo que permite al Ministerio de Agricultura descartar cualquier vínculo epidemiológico directo entre los brotes de ambas regiones.
Para frenar la propagación, la Administración ha activado de inmediato el protocolo de actuación establecido por la normativa comunitaria. Las medidas incluyen la inmovilización cautelar de la granja desde el momento de la sospecha y el desarrollo de una investigación epidemiológica para rastrear el posible origen de la infección, evaluando los movimientos de riesgo tanto de personal como de vehículos.
En las propias instalaciones, los equipos especializados están ejecutando el vacío sanitario de la explotación confirmada. Esta intervención exige el sacrificio de los animales y la destrucción de los cadáveres, así como la eliminación del pienso y de cualquier otro material susceptible de vehicular el patógeno, que son derivados a una planta de tratamiento autorizada.
Asimismo, se ha delimitado una zona de restricción perimetral alrededor de las naves afectadas. En los radios de seguridad de tres y diez kilómetros se ubican actualmente trece explotaciones comerciales con censo activo, de las cuales ocho ya se encontraban sometidas a medidas de bioseguridad y vigilancia por pertenecer a las áreas restringidas de los casos anteriores.




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