Los bosques españoles nunca han ocupado tanta superficie, pero tampoco han acumulado nunca tanto combustible. Con el inicio de la campaña de incendios forestales, la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) alerta de que cerca de 22 millones de toneladas de biomasa permanecen sin aprovechar cada año en los montes españoles, aumentando la continuidad del combustible y la vulnerabilidad de los ecosistemas frente a incendios cada vez más rápidos e intensos.
Los bosques españoles generan anualmente unos 46 millones de metros cúbicos de biomasa forestal, de los que solo se aprovecha alrededor del 40 %. El resto se acumula en el territorio, alimentando un ciclo que, según la organización, favorece la aparición de incendios de comportamiento extremo capaces de superar la capacidad de extinción incluso de los medios más avanzados.
El monte abandonado, el mejor aliado del fuego
España dispone de uno de los dispositivos de extinción más desarrollados de Europa, pero COSE advierte de que el aumento de las olas de calor, el abandono de usos tradicionales y la despoblación rural están cambiando la naturaleza de los incendios. La prevención efectiva, señala la entidad, pasa por actuar sobre el combustible antes de que se produzca el fuego: clareos, desbroces, tratamientos selvícolas, extracción de biomasa, recuperación de pastos, mantenimiento de infraestructuras forestales y creación de paisajes en mosaico son las herramientas que permiten reducir la intensidad y velocidad de propagación de las llamas.
El contexto agrava el problema: España cuenta con 28,4 millones de hectáreas forestales, el 56 % del territorio nacional, de las que el 72 % es de titularidad privada. Más de 3,5 millones de propietarios forestales gestionan esos montes, pero la rentabilidad insuficiente de la actividad y la carga administrativa dificultan la movilización de recursos que podrían contribuir simultáneamente a prevenir incendios y generar actividad económica en el medio rural.
Una fiscalidad que desincentiva la gestión
COSE reclama que la prevención de incendios sea reconocida como prioridad estratégica y que la gestión forestal sostenible sea declarada actividad de interés general. Entre las medidas propuestas figuran una deducción del 20 % en el IRPF para gastos e inversiones en conservación y mantenimiento del monte, y de hasta el 40 % para actuaciones en masas forestales de carácter protector. La organización también propone incentivos para la agrupación de propietarios, una figura imprescindible para superar el minifundio y permitir una gestión profesionalizada a escala territorial.
Según estimaciones del sector, movilizar un millón de toneladas adicionales de biomasa forestal al año permitiría generar hasta 1.600 M€ de inversión, crear entre 2.500 y 3.500 empleos directos e indirectos en zonas rurales y evitar la emisión de unas 580.000 t de CO₂ mediante la sustitución de combustibles fósiles.
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