El PE exige cláusulas de revisión de costes obligatorias en el campo

A primeros de marzo pasado, el Consejo y el Parlamento Europeo (PE) alcanzaron un acuerdo provisional sobre una modificación de la reglamentación comunitaria destinada a reforzar el poder de negociación de los agricultores y ganaderos en la cadena alimentaria.

Ahora el Pleno del PE lo ha ratificado con 560 votos a favor, 75 en contra y 25 abstenciones. Las medidas, que buscan garantizar que los precios finales reflejen los costes reales de producción, imponen la obligatoriedad general de establecer contratos por escrito entre los productores y los compradores y otorgan un papel central a las organizaciones de productores.

El acuerdo pone especial atención en sectores tensionados como el lácteo, e incluye el requisito ineludible de incorporar cláusulas de revisión. De este modo, los acuerdos a largo plazo deberán adaptarse a las fluctuaciones del mercado y de los costes económicos. Para dotar de mayor transparencia al proceso, los Estados miembros estarán obligados a publicar índices de precios de referencia en línea.

Para equilibrar las fuerzas del mercado, la legislación simplifica el reconocimiento jurídico de las organizaciones de productores y prohíbe explícitamente a los compradores eludir a estas entidades para negociar de forma individual con sus miembros. Además, se habilita a los gobiernos nacionales para proporcionar apoyo financiero adicional a estas agrupaciones a través de las intervenciones sectoriales de la Política Agraria Común (PAC), al tiempo que se fomentará la integración de los jóvenes agricultores en sus estructuras.

Las nuevas normas aclaran el uso de los términos «justo» y «equitativo» para los productos agrícolas y enumeran los criterios para permitir dicho etiquetado, por ejemplo, en los casos en que un producto contribuya al desarrollo de la comunidad rural o a la promoción de organizaciones de agricultores.

Tras el visto bueno de los eurodiputados, el acuerdo provisional queda a la espera de ser ratificado por el Consejo de la Unión Europea para su entrada en vigor definitiva.