La Comisión Europea ha enviado una carta de emplazamiento al Gobierno español por no acatar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativa a la contaminación de las aguas por nitratos de origen agrario. Bruselas advierte de que, si no se subsanan las deficiencias, el caso volverá a los tribunales y derivará en sanciones económicas.
El conflicto tiene su origen en un dictamen emitido en marzo de 2024, en el que la justicia europea concluyó que España no estaba protegiendo adecuadamente sus recursos hídricos frente a la presión agrícola. Aunque desde entonces se han producido avances normativos en la revisión de zonas vulnerables, el Ejecutivo comunitario considera que las actuaciones siguen siendo insuficientes en varios territorios.
La ineficacia de los planes señala a cuatro autonomías
El expediente europeo pone el foco directo sobre Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Región de Murcia. Según los últimos datos analizados por la Comisión, la calidad del agua en estas cuatro comunidades no ha registrado ninguna mejora respecto al período anterior, lo que evidencia que las políticas aplicadas hasta la fecha no han surtido efecto.
El organismo exige la adopción de medidas adicionales reforzadas en todas estas zonas. Asimismo, subraya un incumplimiento específico en el programa de acción de Castilla y León, que todavía no ha regulado de forma obligatoria las condiciones para la aplicación de fertilizantes en terrenos inclinados y escarpados.
Como contrapartida, las autoridades comunitarias reconocen que, tras el fallo judicial de hace dos años, España sí ha corregido la designación de áreas sensibles en Baleares, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Además, admite que se han introducido los requisitos que estaban pendientes en Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, aunque en algunas de estas regiones el resultado no haya sido el esperado.
El Gobierno central y las comunidades implicadas disponen ahora de un plazo de 60 días para responder al emplazamiento y aplicar las correcciones exigidas. De no recibir una contestación satisfactoria, la Comisión dará el último paso legal y solicitará al TJUE la imposición de castigos financieros para el Estado español.
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