Esto es lo que se preguntan en Andalucía y lo que ASAJA Granada está denunciando, el distinto tratamiento fiscal que el Gobierno aplica a las ayudas por las borrascas estatales y a las aprobadas por la Junta de Andalucía.

El Ministerio de Hacienda ha decidido no declarar exentas del IRPF las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía para paliar los daños provocados por los recientes temporales, obligando a los beneficiarios a tributar por ellas conforme al régimen general de subvenciones. ASAJA Granada ha denunciado esta situación al contrastar con el tratamiento fiscal otorgado por el propio Gobierno central a las ayudas extraordinarias estatales aprobadas por el Ministerio de Agricultura bajo el Real Decreto-ley 5/2026 para los afectados por el mismo tren de borrascas en Andalucía y Extremadura.
El Ejecutivo central ha blindado sus propias ayudas mediante la Orden APA/530/2026, de 29 de mayo, al considerar el episodio como desastre natural, lo que permite aplicar el régimen de neutralidad fiscal previsto en la norma. De este modo, las cuantías estatales quedan exentas del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, permitiendo que los beneficiarios perciban íntegramente los importes sin incremento de su tributación. Por el contrario, los fondos autonómicos andaluces carecen de este blindaje, lo que obligará a miles de productores a integrar las ayudas en su declaración de la renta a pesar de que su finalidad es compensar pérdidas y recuperar explotaciones.
Millonario retorno a la Agencia Tributaria
Según estimaciones de la Consejería de Agricultura de Andalucía, las ayudas directas movilizadas por la administración autonómica para el sector afectado superan los 700 millones de euros. La organización agraria advierte que, aplicando los tipos efectivos de tributación que oscilan entre el 25% y el 45% (con una media del 33%), más de 200 millones de euros podrían terminar retornando a la Agencia Tributaria en lugar de destinarse a la recuperación de la actividad productiva de las explotaciones agrarias.
La asociación considera incomprensible que dos líneas de fondos públicos destinadas a compensar los daños de una misma catástrofe reciban un trato fiscal diferente según la administración emisora. Ante lo que califican como un agravio comparativo para los profesionales del campo granadino y andaluz, el colectivo reclama al Ministerio de Hacienda que apruebe de forma urgente una exención fiscal para las partidas de la Junta de Andalucía, equiparándolas al régimen aplicado en el Real Decreto-ley 5/2026.






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