La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha reclamado al Ejecutivo que cumpla su compromiso de investidura y apruebe la Ley de Agricultura Familiar, tras las recientes declaraciones del ministro de Agricultura, Luis Planas, en las que condicionaba esta norma a la futura reforma de la Política Agraria Común (PAC).
La organización agraria rechaza el argumento del titular del ministerio, quien calificó de inútil avanzar en esta legislación estatal antes de que se concreten las políticas comunitarias. Para la entidad, la normativa nacional debe marcar la pauta a Europa y no actuar como una simple trasposición de los reglamentos europeos, que consideran alejados del apoyo efectivo al modelo familiar pese a los recientes avances en ayudas redistributivas o techos por explotación.
En este sentido, el colectivo recuerda que España ya ha liderado iniciativas pioneras en el ámbito de los derechos del sector primario. Ejemplos de ello son la Ley de Titularidad Compartida o la Ley de la Cadena Alimentaria, que sirvió de base para la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales.
Una hoja de ruta frente a la dilación institucional
Desde la agrupación insisten en que la futura legislación debe abordar desafíos estructurales como el relevo generacional, el acceso a la tierra, la financiación y el agua. Además, solicitan que se establezca una prioridad explícita para este modelo productivo en la concesión de apoyos económicos, dotaciones hídricas y programas de innovación.
La organización advierte de que el retraso en la tramitación responde a una falta de voluntad generalizada en el arco parlamentario, que ahora achacan también al propio Gobierno. Subrayan que existen múltiples vías para respaldar estas fincas y alertan de las graves presiones que siguen amenazando su supervivencia mientras se prolonga la espera por el marco legal.
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