La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha denunciado ante el Ministerio de Agricultura que una cadena de supermercados líder en España está limitando de forma deliberada el abastecimiento de fruta de hueso para reducir las cotizaciones en origen.
Durante una reunión celebrada ayer para hacer balance del inicio de la campaña, la organización agraria advirtió de que esta falta de reposición dificulta la compra de melocotones, nectarinas, albaricoques y cerezas durante las tardes en varios puntos del país. Según el colectivo, esta estrategia persigue un recorte forzado de la demanda que acabaría depreciando el producto de forma artificial.
El secretario de Agricultura de la entidad, Ignacio Huertas, alertó también sobre los amplios márgenes comerciales detectados en este arranque de temporada. Desde el sindicato apuntan que los elevados precios que asumen los consumidores en los puntos de venta no se están trasladando al campo, donde las liquidaciones de los productores apenas logran cubrir los costes de producción.
En cuanto a las estimaciones de cosecha, la organización proyecta un ejercicio equilibrado a nivel europeo, sin grandes volúmenes en los mercados. En el caso de España, las previsiones apuntan a un ligero crecimiento en la oferta de melocotón y nectarina en comparación con las cifras registradas en 2025.
La cereza se queda fuera del optimismo general
Este equilibrio comercial no se refleja en el sector de la cereza, que ha registrado pérdidas significativas en las variedades tempranas y de media estación a causa de la meteorología adversa. Ante esta situación, el colectivo ha solicitado formalmente al Ministerio que incluya este cultivo en las ayudas habilitadas por el impacto de las borrascas.
La entidad subraya la gravedad de los daños económicos, especialmente en áreas productoras clave como Extremadura. En esta comunidad, la organización estima una merma de cosecha cercana a las 13.800 toneladas, lo que supondría un golpe económico de unos 30 M€. Para mitigar esta crisis, los representantes agrarios han exigido la implicación directa de los gobiernos autonómicos en la articulación de líneas de apoyo adicionales.
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