El campo francés vuelve a entrar en una fase de alta tensión por la llamada ley Duplomb, un texto concebido para simplificar parte del marco normativo que condiciona el trabajo en las explotaciones, pero que ha terminado concentrando el debate en un punto especialmente sensible. La discusión se ha desplazado hacia la posibilidad de reabrir, con encaje legal y condiciones, el uso de acetamiprid, un insecticida de la familia de los neonicotinoides que Francia prohibió a nivel nacional y cuya vuelta al foco ha reactivado un choque político, sectorial y social.
Lo que está en juego
En términos agronómicos, el argumento de quienes apoyan recuperar esa herramienta se apoya en la gestión del riesgo. En determinados cultivos, sostienen, disponer de un insecticida eficaz no solo afecta al coste del tratamiento, sino sobre todo a la capacidad de asegurar rendimientos y calidad cuando la presión de plagas aprieta y las alternativas disponibles resultan menos eficaces o más complejas. En ese planteamiento, el problema de fondo es la competencia dentro del mercado único: si otros productores europeos pueden usar la sustancia bajo la normativa comunitaria y Francia no, el agricultor francés siente que compite con menos margen.
Abejas y apicultura
La contestación se ha hecho enorme precisamente porque la cuestión no se percibe como un ajuste técnico aislado. La oposición ha puesto el foco en salud pública, biodiversidad y, de manera destacada, en los polinizadores. El debate sobre el acetamiprid se ha convertido en un símbolo de hasta dónde se está dispuesto a rebajar el listón ambiental para responder a la competitividad del sector, con un coste potencial en la aceptación social de la agricultura.
La apicultura se ha situado en uno de los puntos más sensibles del pulso. Francia cuenta con un tejido apícola movilizado y con una opinión pública especialmente receptiva a la protección de abejas y polinizadores por su papel directo en la producción de alimentos. En esa lectura, el riesgo no se limita a una cuestión ambiental abstracta: se asocia a la viabilidad de los colmenares, a la polinización de cultivos y a la imagen del propio sector agrario.
El choque se ha amplificado por el volumen de apoyo a una petición pública registrada en el ámbito institucional francés, que ha superado los 2 M de firmas. Esa cifra ha empujado el asunto al terreno parlamentario y ha convertido la ley Duplomb en un debate de país, donde ya no se discute solo la caja de herramientas del agricultor, sino también qué modelo productivo se defiende y qué límites se fijan a la hora de equilibrar competitividad y protección ambiental.
En este contexto, el 11 de febrero se ha convertido en una fecha clave, con un debate parlamentario vinculado a esa petición y con llamamientos a movilizaciones en Francia en torno a esa jornada.
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