El Gobierno ha aprobado el Real Decreto 1051/2022 sobre nutrición sostenible de los suelos agrarios que, según ASAJA, “desoye las reivindicaciones del sector” y supone “una nueva carga burocrática” para agricultores y ganaderos.

La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), introduce nuevas obligaciones en materia de fertilización con el objetivo de mejorar la sostenibilidad del uso de nutrientes en los suelos agrícolas. Entre las principales novedades destaca la obligatoriedad de disponer de un plan de abonado a partir del 1 de enero de 2026 para las explotaciones en regadío cuyos cultivos se siembren o planten entre el 1 de marzo y el 30 de junio, y desde el 1 de septiembre de 2026 para el resto de explotaciones.

Además, el registro mensual de todas las labores de fertilización en el cuaderno de explotación —en formato papel o digital— también será obligatorio desde el 1 de enero de 2026, aunque el Real Decreto contempla ciertas excepciones.

Nuevos requisitos y calendario de aplicación

El texto establece que el asesoramiento técnico obligatorio en fertilización será exigible un año después de las fechas mencionadas en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, y dos años más tarde en las zonas restantes.

Asimismo, se modifican los criterios para la aplicación de estiércoles en determinadas zonas, restringiendo su uso localizado salvo en parcelas menores de una hectárea que no sean colindantes con otros recintos de la misma explotación. También se detallan las normas sobre el cómputo de los pastos comunales dentro de la superficie total de las explotaciones.

Rechazo del sector agrario

ASAJA ha lamentado que el Ministerio de Agricultura no haya incorporado las propuestas de simplificación presentadas por la organización, entre ellas excluir de estas obligaciones a las explotaciones de regadío de hasta 15 ha y a las de secano de hasta 30 ha.

La organización también ha expresado su preocupación por la posibilidad de que la norma dé paso a futuras inspecciones técnicas de abonadoras y aperos de fertilización, una medida que considera injustificada, ya que “la mayoría de las zonas agrícolas ya cumplen la normativa de nitratos”.

Asimismo, ASAJA había solicitado eliminar la obligación de registrar la fertilización en un plazo máximo de un mes, al considerarla una presión burocrática innecesaria, y pidió retrasar la aplicación del decreto hasta la publicación de las guías de buenas prácticas y la implantación de un programa formativo que acompañe a los profesionales en su cumplimiento.

Demandas adicionales del sector

Entre otras peticiones, la organización agraria reclamó reducir la burocracia a las personas que suministran estiércoles a terceros, crear un programa informático gratuito y oficial para elaborar los planes de abonado sin necesidad de contratar un asesor externo, y suprimir el régimen sancionador actual, que puede implicar la aplicación simultánea de hasta siete leyes, dos reales decretos y diversas normativas autonómicas, además de posibles responsabilidades civiles, penales o medioambientales.

ASAJA defiende que el sector agrario español ya cumple sobradamente con los estándares medioambientales exigidos por la Unión Europea y considera que el nuevo Real Decreto “no aporta soluciones reales”, sino que aumenta los trámites, los costes y las cargas administrativas para los profesionales del campo.