Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, junto con LA UNIÓ Llauradora, ha trasladado estos días en Bruselas a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y a la Federación de Consumidores Europeos la necesidad urgente de modificar la normativa comunitaria para que el arroz comercializado en la UE incluya de forma obligatoria en la etiqueta el país de cultivo.
La organización ha presentado un informe en el que analiza la normativa vigente, expone los efectos negativos del sistema actual y plantea la redacción de un reglamento delegado específico para el arroz. Según esta propuesta, debería declararse siempre el país de cultivo, con independencia del lugar en que se haya transformado o envasado el producto. Unión de Uniones considera que esta medida es imprescindible para garantizar transparencia, trazabilidad, protección del consumidor y competitividad de los productores europeos.
Actualmente, el arroz que se vende en la UE puede envasarse en España u otros países europeos, aunque haya sido cultivado en terceros países, sin que el consumidor disponga de esta información. Esta falta de claridad, según denuncia la organización, perjudica gravemente a los productores europeos, ya que facilita la entrada de arroz importado con menores garantías y costes de producción, fomentando la competencia desleal y hundiendo los precios en origen.
Unión de Uniones recuerda que el arroz es un cultivo estratégico en varias regiones europeas por su importancia económica y su papel medioambiental en humedales, marismas y deltas. Pese a ello, el etiquetado actual no obliga a indicar su país de origen, salvo en los casos en que pueda inducirse a error o cuando el producto esté amparado por una Denominación de Origen Protegida (DOP) o una Indicación Geográfica Protegida (IGP).
La organización denuncia que la UE exige la indicación del origen en frutas, hortalizas, carne, miel o aceite, pero no en el arroz, lo que supone una discriminación para el sector arrocero, especialmente en zonas como la Comunidad Valenciana. Según Unión de Uniones, esta falta de transparencia impide al consumidor elegir con información real y debilita el vínculo de confianza entre productores y consumidores.
La entidad anima a los consumidores a revisar el etiquetado y exigir que figure el país de cultivo del arroz. Insiste en que la adopción de un reglamento delegado específico es necesaria para asegurar una trazabilidad real, reforzar la confianza en la cadena alimentaria y contribuir a la sostenibilidad y competitividad del sector arrocero europeo.
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