El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha emitido una sentencia en la que recoge que los organismos obtenidos por mutagénesis quedaría excluidos de la aplicación de la Directiva 2001/18/CE si resultan «de una técnica/método de mutagénesis que se ha utilizado tradicionalmente para diversas aplicaciones in vivo y cuya seguridad ha sido demostrada durante mucho tiempo con respecto a estas aplicaciones».
Esta sentencia ha sido muy bien acogida por el COPA-COGECA (que representan a agricultores, ganaderos y cooperativas de la UE) y esperan con interés la propuesta de la Comisión Europea sobre NGT (nuevas técnicas genómicas), que está prevista para antes de las vacaciones de verano.
La Directiva 2001/18/CE 1 establece un método común para evaluar, caso por caso, los riesgos para el medio ambiente relacionados con la liberación de organismos modificados genéticamente (OMG). Contiene una exención, según la cual, determinadas técnicas o métodos de mutagénesis están excluidos de su ámbito de aplicación («exención»).
La mutagénesis aleatoria consiste en incrementar la frecuencia de las mutaciones genéticas espontáneas de los organismos vivos. Esta técnica de mutagénesis puede aplicarse in vitro (los agentes mutágenos se utilizan en células de la planta y a continuación la planta entera se reconstituye artificialmente) o in vivo (los agentes mutágenos se utilizan en la planta entera o en partes de plantas).
La sentencia del TJUE viene como respuesta a una aclaración solicitada por el Consejo de Estado francés sobre si la mutagénesis aleatoria in vitro puede asimilarse a una técnica o un método de mutagénesis que responda al doble criterio de la utilización convencional y de la experiencia de utilización segura, de manera que se le aplicaría la exención prevista en la Directiva 2001/18, o si, por el contrario, debe estar incluida en el ámbito de aplicación de esta norma.
La organización agraria francesa Confédération paysanne y ocho asociaciones que tienen por objeto la
protección del medio ambiente interpusieron un recurso sobre este tema ante el Consejo de Estado francés, lo que motivó la petición de aclaraciones al TJUE.
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