ASAJA Castilla-La Mancha ha transmitido la preocupación de agricultores y ganaderos de la región ante el incremento de las tarifas de electricidad y ha asegurado que el encarecimiento de los costes supone el estrangulamiento total del sector productor.

Con la entrada de las nuevas tarifas de electricidad, los regantes y los ganaderos han visto elevada la factura de su explotación entre un 40 y un 50 por ciento.

Por poner un ejemplo, un productor de ovino de leche, con una explotación de unas 2.200 ovejas en la región, ha pagado un 40% más por la electricidad para mantener las instalaciones, tales como las máquinas de ordeño o de lactancia artificial, los tanques de frío, las cintas de alimentación, etc.

Además de la repercusión directa en los gastos de explotación, muchos regantes y ganaderos se plantean invertir en energías renovables para reducir costes. Sin embargo, la gran mayoría asegura que, dada la crítica situación en la que se encuentran, no tienen la opción de hacer una inversión tan grande y, aquellos que ven la posibilidad, incrementarán aún más las ratios de endeudamiento del sector.

Por otra parte, ASAJA CLM ha explicado que el sector primario no puede ajustarse a la discriminación horaria. Se ordeña y se riega en función del animal y de la planta, nunca en función de lo que marcan las compañías eléctricas. Por ello, ha asegurado que las pérdidas en las explotaciones serán inevitables, porque, dado el desequilibrio de la cadena alimentaria, los productores se verán incapaces de reflejar el aumento de los costes de producción en los precios de venta.

Por ello, la organización agraria ha insistido en que la Ley de la Cadena Agroalimentaria debe proteger al eslabón más débil, al productor, pues, hasta el momento, no ha conseguido fortalecer su posición y los precios siguen formándose de arriba hacia abajo, de tal manera que agricultores y ganaderos asumen la pérdida de valor del resto de los eslabones.

Por último, ha recordado que ASAJA ha interpuesto queja ante el Defensor del Pueblo por el reiterado incumplimiento de la Ley 24/2013 que, en su disposición final quinta bis, reconoce que el contrato de acceso para riego contemplará la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para esta actividad. Tres años después desde que la citada ley fuese modificada para recoger la doble potencia, mediante la ley 1/2018, sigue sin establecerse contrato alguno que posibilite a los regantes disponer de dos potencias eléctricas diferentes.