Ayer se público en el BOE, la Orden TED/980/2021 por la que se incluye el lobo (Canis lupus) en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (LESPRE), lo que significa que ya no se podrá cazar en ningún lugar de la geografía española.

Esta Orden ha sido elaborada por el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) con la oposición del sector ganadero y numerosas CCAA, que planteaban que antes de tomar esta decisión, se elaborara la Estrategia de conservación y gestión del lobo. Sin embargo, el Miteco ha hecho caso omiso de esta propuesta y como primer paso, ha optado por incluir al lobo en el listado LESPRE. La Estrategia de conservación y gestión del lobo tendrá que elaborarse por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente antes del 31 de diciembre de este año, según dice la Orden.

La normativa publicada recoge varios casos en los que se podría permitir medidas de extracción y captura de ejemplares que cuenten con una autorización administrativa que se conceda por la autoridad competente de la Comunidad Autónoma, siempre que cumplan los siguientes criterios:

• No exista otra solución satisfactoria, siempre que se haya demostrado que se han aplicado adecuadamente por parte de las explotaciones afectadas medidas preventivas o de protección del ganado, y éstas hayan resultado ineficaces.

• Se justifique con el mejor conocimiento disponible que la medida de extracción y captura de ejemplares no afecta negativamente al estado de conservación favorable de la especie.

• Se justifique la existencia de perjuicios importantes para el ganado en las explotaciones afectadas, atendiendo a posibles daños recurrentes o significativos.

Las CCAA de la Cornisa recurrirán

La Junta de Castilla y León anunció ayer que presentará en los próximos días, un recurso Contencioso-Administrativo ante la Audiencia Nacional contra la Orden Ministerial publicada. El recurso, consensuado con los representantes de las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria y Galicia, solicitará además medidas cautelares que paralicen la aplicación de la Orden por los daños que causará en nuestro territorio.

Como dato ilustrativo, la Junta ha señalado que hasta ahora al norte del Duero (donde el lobo se podía cazar) vive el 75 % de la población de lobos y provocan el 25% de los daños, mientras que al sur del Duero (donde no se podía cazar) vive el 25 % de la especie y causan el 75 % de los daños.

Reacciones

ASAJA, COAG y UPA acusan al Gobierno de atacar a la ganadería y a las razas autóctonas de la Península Ibérica al blindar al lobo. Señalan que aumentarán los ataques al ganado, las pérdidas de los ganaderos y el despoblamiento. Consideran que es una medida una medida “urbanita, irresponsable, tendenciosa e ideológica” tomada desde los despachos y no desde los pueblos y basada en una falsedad como que el lobo está amenazado en España, cuando no es así.

Además acusan a la ministra Teresa Ribera y a su equipo de “falta de palabra” pues se comprometieron a negociar el protocolo de gestión de la especie antes de tomar esta medida de incluir al lobo en el LESPRE. Por todo ello piden la dimisión de la ministra de Transición Ecológica.

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) considera que esta medida supone un ataque frontal a la ganadería extensiva y una presión insoportable para muchas explotaciones. Recuerda que en el año 2020 en Castilla y León se registraron 4.500 ataques de lobos que ocasionaron la muerte a 6.000 cabezas de ganado, sin contar los animales heridos y/o desaparecidos, ni los abortos que se producen a consecuencia del estrés a los que son sometidos tras un ataque. Las perdidas de los ganaderos de Castilla y León se pueden estimar en más de 5 millones de euros todos los años y las Administración tan solo compensa el 20% de los daños.

UCCL considera que es incomprensible que comunidades que no tienen lobo, impongan su ecologismo radical y lamenta que ésta sea la capacidad de dialogo que tiene el Ministerio.

Las organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción y WWF han celebrado la aprobación de la orden y la consideran un avance importante para la conservación de esta especie.